Política
Durante sus declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR), el funcionario reafirmó que la violencia y el uso de armas “no tienen cabida en ninguna actividad productiva”.
Recalcó que lo ocurrido en la provincia de Pataz es una prueba fehaciente de que la minería ilegal ha dejado de ser únicamente un problema ambiental para convertirse en un fenómeno criminal complejo.
“La minería ilegal no solo arrebata vidas, sino que también genera un caos económico y violencia en todo el país”, afirmó Bravo, quien además hizo un llamado a todos los peruanos a formar un frente común contra esta actividad ilícita.
Ante la preocupación por el avance de estas organizaciones, aseguró que el Gobierno, por medio del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y en coordinación con los ministerios de Defensa y del Interior, está intensificando las acciones de interdicción.
Dijo que se ejecuta un plan diseñado para atacar los puntos más críticos de actividad ilegal. Aunque Pataz es actualmente el foco de atención, confirmó que los operativos se extenderán a otras regiones con alta incidencia, como Cajamarca, donde existe una creciente preocupación de la población.
Recalcó que la única vía para el desarrollo en las zonas mineras es la legalidad y la acción firme de las autoridades competentes.
Aseguró que “el combate a la minería ilegal será frontal y no se detendrá”, buscando restablecer el orden y la seguridad en las zonas afectadas por este flagelo.
Operaciones
Como parte de una estrategia integral de seguridad y control territorial, el sector Defensa, mediante las Fuerzas Armadas, desplegaron durante el 2025 un conjunto de operaciones decisivas orientadas a debilitar a las organizaciones criminales y las economías ilegales que amenazan la paz y la gobernabilidad en el país.
Gracias a la presencia permanente y a las acciones ejecutadas en el Vraem, y las provincias de Pataz y Putumayo, se logró afectar el tráfico ilícito de drogas y la minería ilegal por más de 874 millones de soles, lo que evidencia resultados concretos en la lucha contra la inseguridad. Solo en la provincia de Pataz, las organizaciones criminales tuvieron una pérdida de 246 millones de soles.