Fue durante la ceremonia de inicio del Año Judicial 2026, realizada con la presencia del presidente de la República, José Jerí Oré; el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro, así como de autoridades de diversas instituciones públicas, civiles y militares.
“Nuestro mensaje es simple y categórico: el Poder Judicial no es un apéndice de ningún poder político, económico o fáctico (…), es un poder del Estado y su liderazgo será ejercido siempre en defensa de la Constitución, de los derechos fundamentales y de la dignidad de las personas”, remarcó.
Tello Gilardi invocó a la ciudadanía a tener la certeza de que los jueces y juezas que conforman los tribunales nunca serán herramientas de impunidad ni instrumentos de persecución.
“Serán, como manda la Constitución, los garantes de los derechos de todas las personas por igual, digo esto con la firme convicción porque conozco la capacidad jurídica, la integridad moral y vocación de nuestros jueces y juezas”, señaló.
La autoridad judicial expresó que, a pesar de los esfuerzos de mantener incólumes la autonomía y la independencia judicial, en ocasiones estas han sido resquebrajadas.
Agravio a la independencia
Al respecto aclaró que por mandato del artículo 39, inciso 2, de la Constitución, ninguna autoridad puede suspender resoluciones expedidas en procesos judiciales en trámite.
“Hacerlo constituye un claro agravio contra la independencia del Poder Judicial, por eso, tengo la esperanza de que cualquier transgresión a esta norma constitucional que se haya producido será dejada sin efecto”, indicó.
También rechazó los calificativos realizados desde el poder político contra los jueces que inaplican las leyes que ellos consideran inconstitucionales, es decir, que cumplieron con el deber de hacer el ‘control difuso’, que impone el artículo 138 de la Constitución.
“Afirmar que tales decisiones constituyen prevaricato, delito o injerencia política carece de sustento jurídico e histórico, y subestima el rol esencial de la magistratura en salvaguarda de la supremacía constitucional y convencional”, añadió.
Actitud firme
En otro momento, destacó la actitud resuelta, firme y uniforme de las juezas y jueces del país, quienes pese a las amenazas y los riesgos han sabido actuar con coraje y entereza a través de sus resoluciones.
“Ellos han estado a la altura del desafío porque, a pesar de las dificultades y amenazas no dudaron un instante en imponer drásticas condenas a integrantes de peligrosas organizaciones criminales”, remarcó.
En esa línea resaltó que algunos jueces pagaron con su vida el cumplimiento de su deber como fue el caso de dos jueces asesinados, uno de la Corte de La Libertad y otro de Cañete.
Por ello, sostuvo, ha realizado coordinaciones con la Comandancia General de la Policía Nacional a efectos de adoptar las acciones necesarias para dotar de mayor seguridad a los magistrados que tienen a su cargo el juzgamiento de peligrosos delincuentes.
Asimismo, resaltó el rol de la Sala Plena de la Corte Suprema, que ella preside, la cual sesionó de manera constante para defender la independencia y la autonomía institucional.
Por otro lado, destacó que, para garantizar la idoneidad, los criterios meritocráticos fueron rigurosamente observados en los procesos de selección de personal realizados durante el 2025.
“De esta manera dejamos en claro que el Poder Judicial no es un botín de repartos clientelistas ni espacio para favores políticos, las designaciones responden a la capacidad, la integridad y la vocación del servicio, y no a la cercanía con autoridades momentáneas”, añadió.
LOGROS A LA VISTA
Tello Gilardi mencionó que, en materia penal, la justicia ha enfrentado casos complejos vinculados a redes criminales, corrupción de gran escala y delitos que afectan la seguridad ciudadana.
Así, sostuvo que durante el año 2025 la Corte Suprema impuso 508 sentencias de cadena perpetua, 235 sentencias condenatorias a 35 años de prisión; 269 a penas de 30 años, y 118 a 25 años de cárcel.
De igual modo, destacó que en el ámbito de la protección de personas vulnerables se dictaron 13 350 sentencias condenatorias por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, y de ese total 11 194 correspondieron a delitos contra el cuerpo, la vida y la salud.
Por otro lado, señaló que hasta diciembre del 2025 ingresaron 32 280 casos en las 38 unidades de flagrancia, con una capacidad de respuesta del 92.5 % de los procesos que fueron concluidos.
OTROS LOGROS
En su mensaje, la titular del Poder Judicial también resaltó los avances en el modelo de la oralidad en los procesos civiles, que ahora está implementado en 216 órganos jurisdiccionales del país.
Refirió que la oralidad ha permitido, durante el 2025, optimizar el trámite de los procesos de Familia, pues antes demoraban dos o más años, con el sistema oral pueden ser resueltos en 20 días, incluso mencionó que en las materias de tenencia y régimen de visitas hubo un caso que se resolvió en cuatro horas.
En modernización tecnológica, destacó el aplicativo ChatBot Curia, el cual marca el inicio de una nueva etapa en la incorporación responsable de la inteligencia artificial al servicio de la función jurisdiccional.
En ese sentido, resaltó el trabajo articulado que realiza la Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, la Gerencia de Tecnología de la Información y el Centro de Investigaciones Judiciales en la incorporación de este asistente de IA en las diferentes cortes del país.
Informó que una actividad que acercó de manera decisiva la justicia a las necesidades de la gente fue la entrega de más de 65 millones de soles correspondiente a endosos de depósitos judiciales por pensión de alimentos en favor de miles de niños y sus madres.
La autoridad judicial expresó que para alcanzar este logro se dispuso que los jueces y juezas buscaran a las madres y niños, a través de mecanismos como redes sociales, teléfono, campañas radiales y la propia web del Poder Judicial.
“Así se resolvió el problema de madres alimentistas imposibilitadas, por diversas razones o dificultades, de retirar los depósitos de dinero a su favor que se encontraban en distintos juzgados a nivel nacional”, resaltó.
A FAVOR DE TRABAJADORES
Tello Gilardi también resaltó que el liderazgo de la gestión institucional estuvo centrado en la defensa de los derechos de los trabajadores judiciales, lo cual se tradujo en tres iniciativas legislativas, aprobadas previamente por la Sala Plena de la Corte Suprema que luego se convirtieron en leyes.
La primera incorpora a los trabajadores CAS al régimen laboral 728; la segunda autoriza una nueva escala remunerativa para el personal jurisdiccional y administrativo del régimen 728; y la tercera otorgó un bono excepcional a los trabajadores CAS que perciben una remuneración menor a S/4000.
“La aprobación de estas normas constituye un hito histórico en el Poder Judicial porque lleva a erradicar la inestabilidad, la desigualdad y los perjuicios derivados de contratos temporales con menores derechos y beneficios laborales, para lograr así un entorno de trabajo más justo y eficiente”, remarcó.
Al respecto, informó que este martes 6 de enero sostendrá una reunión con la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles Miralles, para tratar estos asuntos en beneficio de los servidores y servidoras judiciales.
PRESIDENTE JOSÉ JERÍ
Por su parte, el presidente de transición, José Jerí Oré, en un breve discurso, expresó su apoyo para la construcción de una justicia inclusiva y confiable enmarcada en el Estado de derecho y de servicio eficiente al ciudadano.
Asimismo, reafirmó su absoluto respeto a la separación e independencia de poderes, pilar fundamental de una democracia saludable, y destacó la labor que día a día cumplen los magistrados/as en la defensa de la legalidad y el orden democrático.
“La autonomía del Poder Judicial es indispensable para asegurar una justicia imparcial, sin influencias externas y lista para proteger los derechos de los ciudadanos”, señaló.
Sostuvo que una justicia oportuna y eficaz es el desafío que se tiene de ahora en adelante, porque justicia que tarda no es justicia, y es necesario que esta ampare a todos los peruanos/as, en especial a los más vulnerables.
Refirió que en este año, jueces, policías y fiscales tienen el reto conjunto de enfrentar el enemigo en común que tiene nuestro país: la delincuencia y el crimen organizado.
“Nos toca trabajar de la mano todos los poderes, sin titubeos ni demoras, para edificar un país mucho más seguro donde los que cometen delitos terminen en las cárceles”, expresó.
Jerí Oré anunció que en los próximos días presentará el nuevo Plan de Seguridad Ciudadana, que es la Hoja de Ruta que va a permitir construir un país mucho más seguro para todos.
Señaló que este documento se implementará de manera progresiva y que esperaba que sea empleado por el candidato que sea elegido próximo presidente de la república, porque la seguridad no es un asunto de Estado.