Opinión
Periodista
ccapunay@editoraperu.com.pe
Las redes sociales y la tecnología han transformado el debate público, pero no necesariamente para mejorarlo. Su lógica de funcionamiento prioriza el impacto emocional, la simplificación extrema y la viralidad por encima de la precisión. En campaña, esto se traduce en mensajes diseñados para provocar reacción inmediata (indignación, miedo, adhesión acrítica) antes que deliberación. El resultado es un espacio público distorsionado, donde la visibilidad no depende de la solidez de los argumentos, sino de su capacidad de circular rápido y generar ruido.
A esta dinámica se suma un segundo problema: la aceleración informativa. En un contexto electoral, la presión por publicar primero puede imponerse a la necesidad de verificar. Algunos medios, actores políticos y usuarios replican contenidos sin confirmar, amplificando versiones incompletas o falsas. Cuando la corrección llega, si llega, lo hace tarde y con menor alcance. La velocidad se convierte así en un factor que premia el error y castiga la prudencia.
Este escenario crea un terreno fértil para la desinformación. Las fake news no necesitan ser creídas por todos para cumplir su función. Basta con sembrar dudas, erosionar confianzas o polarizar al electorado. En campaña, la desinformación no busca necesariamente convencer, sino confundir: instalar la idea de que todo es manipulable, que ninguna fuente es confiable y que el debate carece de sentido. Ese efecto corrosivo es más peligroso que una mentira porque debilita la base misma de la deliberación democrática.
El problema no es tecnológico en sí mismo. Tampoco se resuelve con nostalgia por un pasado idealizado ni con censuras. El desafío es político y cultural. Una democracia que acepta sin cuestionar un entorno donde la información circula sin filtros ni responsabilidades termina degradando el valor del voto informado.
Frente a ello, la responsabilidad es compartida. Las plataformas deben asumir que no son neutrales en la forma en que amplifican contenidos. Los medios tienen el deber de interpelar la lógica de la inmediatez cuando esta compromete la veracidad. Los actores políticos no pueden deslindar responsabilidad del ecosistema que utilizan para hacer campaña. Y la ciudadanía, aunque exigida al límite, no puede renunciar al ejercicio crítico de contrastar y dudar.
Las elecciones no se juegan solo en las urnas, sino también en la calidad del debate que las precede. Cuando la velocidad reemplaza a la verdad, el riesgo no es solo informativo. Es democrático.