Lucha contra la delincuencia y el crimen organizado
Plan articulado
Estrategia del Gobierno de pasar de la ofensiva a la defensiva ya muestra resultados.
La decisión llegaba después de años de cifras en ascenso, calles tomadas, negocios sometidos y muertes que enlutaban al país de forma cotidiana. La delincuencia dejaba de ser un problema focalizado para convertirse en una amenaza estructural.
Hoy, meses después de aquella decisión, la curva de la delincuencia empieza a mostrar señales de inflexión. No se trata de un giro espontáneo. Es el resultado de meses de trabajo sostenido en las calles, donde el Ejecutivo, la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas del Perú y los gobiernos locales, a través del serenazgo, articularon una presencia permanente en los puntos más golpeados por el crimen.
El despliegue combinó control territorial, patrullaje integrado y acciones focalizadas contra bandas criminales, con especial atención en zonas donde la extorsión, el sicariato y el robo habían impuesto su ley. A ese esfuerzo se sumó la intervención del sistema penitenciario, orientada a recuperar el control de las cárceles y a cortar los circuitos delictivos que operaban desde su interior. Los primeros datos comienzan a reflejar ese trabajo coordinado y sostienen la idea de que, tras años de avance del crimen, la tranquilidad empieza a asomar de manera gradual.
Ese diagnóstico, construido desde la experiencia en las calles y los primeros indicadores oficiales, fue ratificado el último jueves por el propio Jefe del Estado durante una visita de trabajo a la región Ica. Allí, tras recorrer el Centro de Comando, Control, Comunicación, Cómputo y Monitoreo (C5), el Mandatario señaló que las cifras de delitos y denuncias policiales han comenzado a descender como resultado del plan articulado que se ejecuta bajo el estado de emergencia. Reconoció avances en determinados indicadores y admitió, al mismo tiempo, que persisten ámbitos donde los resultados aún no alcanzan la velocidad esperada.
El Presidente evitó el triunfalismo y colocó los avances en perspectiva. Explicó que no todos los delitos retroceden al mismo ritmo y que esa disparidad responde a las condiciones heredadas al inicio de su gestión. Al asumir el cargo, dijo, encontró instituciones debilitadas, capacidades de respuesta limitadas y un alto nivel de desmotivación interna, un escenario que no admite soluciones inmediatas. Frente a ello, el Gobierno de Transición optó por intervenir uno de los núcleos más sensibles del problema: el sistema penitenciario, además de fortalecer el marco normativo mediante las facultades legislativas otorgadas por el Parlamento.
La estrategia se sostiene en la constancia. Las intervenciones en los establecimientos penitenciarios, la supervisión permanente de los patrullajes y la evaluación de las capacidades de gobiernos regionales y municipalidades forman parte de un esquema que busca evitar retrocesos y consolidar el control territorial.
De vuelta a las calles
Iniciado el año, el Jefe del Estado volvió a recorrer las calles de la capital para supervisar las acciones de patrullaje desplegadas en el marco del estado de emergencia. Los recorridos apuntaron a verificar la presencia policial sostenida, el patrullaje integrado y el control efectivo en zonas que aún permanecen bajo presión de la delincuencia.
Las jornadas de trabajo del 2026 comenzaron el 5 de enero, con una agenda concentrada en distintos puntos de Lima Metropolitana y orientada a reforzar el control territorial. En La Victoria, el Mandatario encabezó un operativo policial que permitió la incautación de droga al interior de una vivienda, una intervención dirigida a golpear directamente a las redes de microcomercialización de estupefacientes que operan en zonas densamente pobladas.
El recorrido continuó por comisarías del Rímac y del Cercado de Lima, desde donde se articulan acciones de patrullaje y respuesta inmediata ante hechos delictivos. La agenda se extendió luego a Lince, San Luis y Breña, distritos de alta circulación y actividad comercial, donde se reforzó la vigilancia en puntos considerados críticos. Más que una acción puntual, la visita reflejó la intención del Ejecutivo de sostener la presencia del Estado en las calles y consolidar el control del territorio.
Esa misma línea de trabajo se mantuvo al día siguiente. El 6 de enero, el Presidente lideró nuevos recorridos y patrullajes en San Martín de Porres y Carabayllo, donde verificó el trabajo de las comisarías y el despliegue operativo en zonas de alta incidencia delictiva. El Mandatario se desplazó a pie desde Palacio de Gobierno hasta San Martín de Porres y, ya en Carabayllo, sostuvo una reunión con el alcalde Pablo Mendoza, quien en las últimas semanas ha sido víctima de amenazas.
La secuencia de operativos cerró el 7 de enero con acciones inopinadas en distintos puntos de San Martín de Porres, encabezadas por el Jefe del Estado junto con el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Oscar Arriola. El Mandatario supervisó el despliegue de unidades tácticas y el control territorial en Lima Norte, una de las zonas donde el crimen ha buscado mantener capacidad de operación.
Durante la jornada, llegó hasta la cuadra 25 de la avenida José Granda, donde la Policía intervino una vivienda y halló cartuchos de dinamita, un arma de fuego, municiones y equipos celulares, además de detener a dos personas. Luego inspeccionó a pie las avenidas Habich, Panamericana Norte y Universitaria, donde efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas ejecutaban un megaoperativo de control territorial.
Balance
Más allá de las primeras señales de retroceso del crimen, el Ejecutivo apuesta por exponer los resultados con cifras concretas. Por ello, en los próximos días, el Gobierno presentará un balance del estado de emergencia en Lima y Callao, concebido como antesala del Plan de Seguridad Ciudadana. El objetivo es ofrecer una lectura integral de los avances alcanzados hasta el momento, con información validada y precisa, que permita medir el impacto real de la estrategia y ajustar las acciones allí donde el delito aún mantiene capacidad de respuesta.
El propio presidente José Jerí adelantó que el balance ya se encuentra listo y subrayó la necesidad de sostener la transparencia en este proceso. “El balance será presentado junto con el Plan de Seguridad Ciudadana para darle un sentido integral. Estamos validando la información por tercera y cuarta vez, porque el país merece datos exactos y claros sobre lo que se está logrando”, remarcó.
Datos
Pese a todas las acciones realizadas, la guerra contra la delincuencia aún no está ganada.
Persisten zonas donde el crimen mantiene capacidad de daño y adaptación, y donde la presencia del Estado enfrenta desafíos complejos.
La estrategia en marcha asume ese escenario. Se trata de una batalla de largo aliento, que exige constancia, coordinación y resultados sostenidos en el tiempo, con el objetivo de consolidar una recuperación duradera de la seguridad y ofrecer respuestas cada vez más contundentes frente a una amenaza que durante años pareció incontrolable.
