Derecho
Este nuevo mecanismo, aprobado por el Ministerio Público, habilita la asignación automática de un código de identidad reservado para los operadores de transporte que denuncien delitos de extorsión, sicariato u organización criminal, resguardando su identidad desde las primeras diligencias fiscales.En ese sentido, este mecanismo, formalizado mediante la Resolución N.° 098-2026-MP-FN, constituye una herramienta clave para generar condiciones de seguridad que incentiven la denuncia, reduzcan el temor a represalias y permitan una actuación más oportuna y eficaz de las autoridades frente a la extorsión y el crimen organizado.Esta iniciativa surge como resultado del trabajo articulado entre dichas instituciones y luego de que la ATU identificara y alertara oportunamente sobre el impacto que la extorsión y el crimen organizado vienen generando en la prestación del servicio de transporte público, afectando no solo a los operadores, sino también a millones de usuarios.En ese sentido, a través de su programa de Asistencia Legal y Soporte al Transporte (Asyste), la ATU desempeñó un rol activo en la identificación de esta necesidad estructural, al constatar que el silencio forzado de los operadores, producto de la violencia y la intimidación, ponía en riesgo la continuidad del servicio y la seguridad ciudadana.Como resultado de esta intervención, Asyste ha brindado asistencia legal especializada a más de 90 empresas de transporte, acompañándolas en procesos de orientación, formulación de denuncias y articulación con las autoridades competentes, contribuyendo así a fortalecer la respuesta institucional frente a estos delitos.Con esta medida, los operadores víctimas de extorsión cuentan hoy con una alternativa concreta y segura para ejercer su derecho a denunciar.La ATU reafirma así su compromiso de actuar de manera preventiva y articulada para proteger a quienes garantizan el transporte público, promoviendo un servicio seguro, formal y sostenible para Lima y Callao.