Derecho
Esta directiva, que forma parte integral de la resolución, aplica a las entidades públicas definidas en el artículo 3 del Decreto Supremo N° 148-2024-PCM, exceptuando a las empresas del Estado. La Secretaría de Integridad Pública tendrá la responsabilidad de emitir disposiciones complementarias para asegurar la ejecución efectiva de la norma y brindar opiniones técnicas dentro de sus competencias.Un aspecto importante de esta medida es la certificación especializada del personal encargado de ejercer la función de integridad en las entidades públicas. La PCM coordinará con diversas instituciones para llevar a cabo este proceso, estableciendo los plazos, alcances y condiciones necesarios mediante documentos oficiales.La aprobación de esta directiva se enmarca en el cumplimiento del Decreto Supremo N° 141-2025-PCM, que establece la Política General de Gobierno 2025-2026, con énfasis en fortalecer la integridad pública y combatir la corrupción en todas las entidades estatales.Además, la norma responde a las atribuciones de la Secretaría de Integridad Pública, que desde 2021 trabaja en la promoción de una cultura de integridad y prevención de la corrupción, consolidando así los esfuerzos institucionales para transparentar y fortalecer la administración pública.
Los precedentes del TFL permiten diseñar estrategias de defensa, mitigar riesgos laborales y reducir la conflictividad en inspecciones y sanciones administrativas.
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) January 21, 2026
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