Política
La medida tendrá una vigencia de 60 días calendario y permitirá la ejecución de acciones inmediatas orientadas a reducir el riesgo existente, así como a desarrollar labores de respuesta y rehabilitación que correspondan, con el objetivo de salvaguardar la vida y la salud de las personas, además de mitigar los impactos en actividades productivas como la agricultura y la ganadería.
Informes técnicos
La disposición fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 005-2026-PCM y comprende distritos que, de acuerdo con los informes técnicos del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), presentan una alta exposición a escenarios de riesgo asociados a lluvias intensas, conforme a la información emitida por entidades especializadas como el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).
De acuerdo con la norma, los gobiernos regionales y locales comprendidos deberán ejecutar las acciones dispuestas con la coordinación técnica y el seguimiento del Indeci, y con la participación de los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e Inclusión Social, entre otras entidades públicas y privadas.
El decreto precisa que las intervenciones deberán mantener relación directa de causalidad con el evento que motiva la declaratoria.
Apoyo
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por medio de Provías Descentralizado, brinda apoyo a los gobiernos regionales y locales mediante la entrega de combustible, lo que permite el uso inmediato de su maquinaria pesada para la limpieza y rehabilitación de vías vecinales y departamentales. Esta acción estratégica está orientada a fortalecer la capacidad de respuesta de las autoridades subnacionales frente a deslizamientos, huaicos, inundaciones y otros eventos que afectan la infraestructura vial, asegurando así la conectividad de las comunidades, el traslado de personas y el abastecimiento de productos de primera necesidad. Gracias a esta dotación de combustible, los gobiernos regionales y municipalidades pueden poner en operación excavadoras y cargadores frontales.