Derecho
Al respecto, sostuvo que la principal novedad es la creación del delito de tráfico ilícito de recursos provenientes de la minería ilegal, tipificado en el artículo 307-F del Código Penal.En efecto, este nuevo ilícito sanciona con penas de hasta nueve años de prisión a quien posea, compre, venda, transporte o almacene recursos minerales de origen ilícito, es decir, aquellos obtenidos fuera del proceso de formalización minera o sin las autorizaciones administrativas correspondientes. A diferencia del lavado de activos, no se exige que los minerales provengan de un delito previo, como la minería ilegal o la contaminación ambiental, sino de un ilícito administrativo, lo que amplía significativamente el ámbito de persecución penal, detalló el experto.Asimismo, se ha reformado el delito de minería ilegal (artículo 307-A) para abarcar toda la cadena de valor, incluyendo expresamente las actividades de beneficio y otras reguladas por la legislación sectorial. En la misma línea, se incrementan las penas por el tráfico ilícito de insumos o maquinarias destinadas a la minería ilegal (artículo 307-E), estableciéndose un rango de seis a nueve años de prisión.Otra modificación relevante es el traslado de la pena de inhabilitación al artículo 307-G, y la derogación del artículo 2.8 del Código Procesal Penal, eliminando el principio de oportunidad para mineros ilegales que cesaban voluntariamente su actividad. Estas medidas refuerzan el enfoque punitivo del Estado frente a este fenómeno.