Derecho
Periodista
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Por ejemplo, aprovechar al máximo las herramientas que el propio marco normativo ya ofrece a fin de reducir los tiempos procesales, sin modificar la ley, es el eje de trabajo de la Asociación de Buenas Prácticas Judiciales (ABPJ), una organización sin fines de lucro que promueve la mejora continua del sistema de justicia mediante la investigación aplicada, el intercambio técnico y la capacitación especializada.
Experiencias
La iniciativa nació en el 2020 con un objetivo claro: identificar experiencias exitosas dentro de los propios juzgados, visibilizarlas y promover su replicabilidad en otras sedes judiciales.
“Justicia que tarda no es justicia. Sabemos que no podemos cambiar todo de la noche a la mañana, pero sí podemos acortar plazos aplicando con criterio y creatividad las normas vigentes”, afirmó el director de la citada asociación, Renzo Monroy.
En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, el experto sostuvo que, a diferencia de las reformas legislativas, su organización no promueve cambios normativos. Su enfoque se centra en mejorar los actos procesales dentro del marco legal vigente, optimizando la gestión en las sedes judiciales, aclaró.
“Esto solo es posible si los foros privado y público se comunican, y ahí entra a tallar la asociación, pues de nada sirve que exista una buena práctica judicial si esta no es visible. Solo si es reconocida, otros pares la aplicarán y se convertirá en una práctica común”, aseveró.
Para comprender la importancia de estas buenas prácticas, Monroy señaló que, normalmente, cuando se habla de estas se hace referencia al arbitraje, un espacio privado para la solución de conflictos, que resuelve en menor tiempo sin afectar el derecho de defensa.
“El Poder Judicial también cuenta con buenas prácticas para resolver en menos tiempo, sin necesidad de entrar en un arbitraje. El objetivo de la asociación es posicionar ahora las buenas prácticas judiciales, desterrando del sistema los formalismos y la creencia limitante sobre la estructura de las normas, porque en realidad estas se emiten para facultar al juez a resolver más rápido el conflicto”, subrayó.
Alianza
En línea con este propósito, el especialista reveló que su organización trabaja el tema en alianza con la Unidad de Gestión del Despacho Judicial del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, instancia encargada de ejecutar el seguimiento a los proyectos de mejora en la gestión jurisdiccional.
Como parte de este trabajo conjunto, en diciembre del 2025 se efectuó el Primer Conversatorio de Buenas Prácticas Judiciales, en el que representantes de los sectores público, privado y académico debatieron actos procesales exitosos para determinar su viabilidad y potencial impacto, recordó.
Para el presente año, informó, se proyectaron cinco eventos adicionales que permitirán, en conjunto, identificar aproximadamente 30 buenas prácticas judiciales aplicables en primera y segunda instancias, así como en la Corte Suprema de Justicia de la República. “Estas serán compendiadas y sometidas a un piloto en una sede judicial, lo que permitirá medir objetivamente su impacto en la productividad y reducción de plazos de los despachos”, detalló.
Convocatoria
Monroy resaltó que uno de los elementos diferenciadores de esta iniciativa es su convocatoria abierta a los sectores público, privado y académico. “En abril se hará la primera convocatoria del 2026, enfocada en buenas prácticas en primera instancia; a mitad de año se abordará la segunda instancia y, hacia el cierre del 2026, las prácticas aplicables en la Corte Suprema de Justicia”, recalcó.
“El proceso contempla una etapa de postulación, una preselección y, posteriormente, mesas de debate técnico en las que se evaluará su viabilidad. La meta es consolidar un ‘piloto de buenas prácticas judiciales’ que permita implementar de manera integral las experiencias seleccionadas en una sede judicial según disponga el Poder Judicial”, indicó.
El director de la Asociación de Buenas Prácticas Judiciales manifestó que en este esquema cada actor desempeña un papel específico: los magistrados aportan la práctica implementada; los litigantes promueven su solicitud y aplicación; y la academia brinda el sustento teórico para garantizar que no exista contradicción con el marco normativo vigente.
Confianza
Las buenas prácticas surgen porque los mismos magistrados quieren cambiar la percepción que la ciudadanía tiene sobre su trabajo y generar confianza en su labor, reveló Monroy.
El experto indicó que “según lo recogido en los conversatorios, los jueces que ejecutan estas buenas prácticas lo hacen con el ánimo de realzar la función del magistrado, de devolverle el prestigio a su investidura”.
La expectativa es que tras la ejecución del piloto hacia finales del 2026, los resultados permitan replicar las buenas prácticas en otras sedes, contribuyendo así a una mejora continua del servicio de justicia y al fortalecimiento de la confianza ciudadana.
Casos de innovación
Monroy aseguró que la iniciativa busca contribuir a mejorar la percepción sobre la figura de los jueces. “En la opinión pública se suelen difundir, principalmente, casos negativos. Pero también existen magistrados que innovan, que simplifican el lenguaje de sus resoluciones o priorizan la celeridad en materias sensibles como violencia familiar. Esas experiencias se deben visibilizar”, recalcó.
Desde su experiencia, resaltó que existen casos notables como los juzgados civiles de Lima Norte, en la sede de Carabayllo, uno a cargo de Adela Juárez y el segundo de Atilio Machaca.
“Ambos tienen prácticas jurisdiccionales distintas. Si implementas las buenas prácticas de un juzgado y otro y las unes, un proceso como un desalojo que demora más o menos un año podría reducir su plazo hasta la mitad. Pero para que esta sinergia ocurra se tienen que visibilizar las buenas prácticas y existir comunicación entre los juzgados o jueces”, anotó.
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— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) February 15, 2026