Sector Justicia integra 17 intervenciones estratégicas en el Plan de Seguridad Ciudadana 2026-2028
En el ámbito normativo, el Minjusdh se comprometió con la aprobación de un proyecto normativo en materia de custodia y preservación de la evidencia digital, así como con la aprobación de otro proyecto que permita acceder a la información contenida en equipos móviles y tarjetas SIM incautados o hallados en establecimientos penitenciarios. Asimismo, elaborará un proyecto normativo para el análisis de información sobre cortes de servicio y bloqueo de equipos móviles por presuntas comunicaciones ilegales desde los penales y su vinculación con el delito de extorsión.
En materia de política criminal e información, el Ministerio elaborará el proyecto de ley que modifica la Ley N° 29807, que crea el Consejo Nacional de Política Criminal, con el fin de fortalecer la institucionalidad del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) y la gestión de la información criminológica. Asimismo, desarrollará acciones de difusión del conocimiento criminológico para operadores de justicia en temática de delitos violentos y crimen organizado, y producirá de manera sostenida boletines, reportes, investigaciones, informes e infografías sobre estas materias.
En el eje de acceso a la justicia y protección a las víctimas, el MINJUSDH implementará el Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos y también ejecutará una megacampaña de difusión legal frente a casos de extorsión y sicariato en las 34 Direcciones Distritales de Defensa Pública a nivel nacional, brindará patrocinio legal gratuito a víctimas en casos de sicariato y extorsión, e impulsará la implementación de la Superintendencia de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.
En tanto, el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUSDH tendrá a su cargo acciones de capacitación al personal de la Policía Nacional del Perú en el servicio de la defensa de víctimas, con el propósito de mejorar la atención en casos de denuncias de extorsión y sicariato.
Mientras que, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) asume seis intervenciones estratégicas como la implementación operativa del Sistema de Control Reforzado de Internos de Criminalidad Organizada (SISCRICO), herramienta que permitirá el registro de diversos datos y el seguimiento de internos que integran organizaciones criminales.
Además, el INPE habilitará áreas de régimen cerrado —pabellones, pisos y aleros— en cada centro penitenciario priorizado para albergar a internos de alta peligrosidad, y ejecutará traslados de dichos internos vinculados a organizaciones criminales hacia establecimientos penitenciarios de máxima seguridad, con el fin de neutralizar su capacidad de operar desde el interior de los penales.
En el plano tecnológico, la institución implementará un sistema de seguridad para el control del ingreso de personas y bienes en los establecimientos penitenciarios y ejecutará intervenciones extraordinarias de control y regulación del uso de energía eléctrica en los penales, medida orientada a neutralizar la carga de equipos electrónicos prohibidos utilizados para coordinar actividades delictivas desde el interior.
Asimismo, el INPE fortalecerá las capacidades del sistema penitenciario mediante el desarrollo de aprendizajes de calidad en talleres productivos y programas educativos, como estrategia de rehabilitación orientada a prevenir la reincidencia delictiva de los internos.
Es importante señalar que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos integró el Grupo de Trabajo Multisectorial que elaboró el plan. También participaron el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) y la Superintendencia Nacional de Migraciones.
