Editorial
Sin una hoja de ruta que ordene la acción pública y articule a las entidades responsables, la reacción frente al delito corre el riesgo de dispersarse y perder efectividad.
En ese sentido, la promulgación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, aprobado por el Gobierno mediante decreto supremo, constituye un paso fundamental para enfrentar con mayor decisión a la criminalidad que afecta a los peruanos.
Su inmediata puesta en marcha resulta determinante para fortalecer la política de seguridad del país, más aún si recordamos que durante la gestión gubernamental anterior su aprobación había sido postergada, pese a la creciente preocupación ciudadana frente al avance del delito.
El nuevo plan establece una estrategia nacional para reducir la incidencia de delitos violentos, particularmente el homicidio y la extorsión, fenómenos que generan un profundo impacto en la vida cotidiana de la población y en la actividad económica del país. Para ello, se estructura en cuatro objetivos estratégicos que abordan las distintas dimensiones del problema.
El primero busca fortalecer las estrategias de prevención policial y comunitaria en territorios de mayor vulnerabilidad. El segundo apunta a mejorar el control territorial del Estado en zonas de frontera y espacios particularmente expuestos a la actividad criminal. El tercero está orientado a reforzar las capacidades de inteligencia, investigación criminal y análisis criminalístico. Finalmente, el cuarto objetivo se enfoca en fortalecer la administración de justicia y el control en los establecimientos penitenciarios.
En conjunto, el plan contempla 134 intervenciones estratégicas, cada una con metas e indicadores de cumplimiento, lo que permitirá evaluar avances y ajustar las acciones cuando sea necesario. Este enfoque demuestra que se trata de una herramienta de gestión que busca ordenar y orientar la actuación del Estado frente a la delincuencia.
Ha hecho bien el Ejecutivo en promulgar este plan, que además es de aplicación obligatoria en los tres niveles de gobierno y para todas las entidades que integran el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Con ello, el Ejecutivo ratifica su compromiso de enfrentar a la inseguridad mediante una política estructurada, con responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento.
Corresponde ahora a todas las instituciones involucradas implementar sus acciones con la mayor celeridad y eficacia, pues la ciudadanía espera resultados concretos y un Estado que actúe con firmeza frente a la criminalidad.