Cuatro objetivos estratégicos se incluyen en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 (PNSCLC 2026-2028), que aprobó el Poder Ejecutivo para orientar la acción articulada del Estado frente a la evolución y complejidad actual del fenómeno delictivo.
El documento, que se oficializó mediante el Decreto Supremo N.° 001-2026-IN, del Ministerio del Interior (Mininter), tiene como objetivo general reducir la incidencia de delitos violentos, en las modalidades de extorsión y homicidios a escala nacional.
Prevención
El plan fija como primer objetivo estratégico (OE) Fortalecer las estrategias de prevención policial y comunitaria en territorios de alta vulnerabilidad, “el cual ‘operacionaliza’ el Eje de Prevención Multisectorial tomando en cuenta los aportes de la criminología ambiental, con el propósito de intervenir de manera directa sobre los factores de riesgo identificados en zonas críticas”.
“La propuesta se sustenta en una estrategia integral que supera el control policial tradicional y articula la recuperación física del entorno con la recomposición del tejido social”, precisa. En este marco, detalla, se plantea la articulación de las capacidades del Estado con la participación de la ciudadanía organizada y la atención prioritaria de poblaciones expuestas a mayores riesgos de violencia.
El OE 2, Mejorar el control territorial del Estado en zonas de frontera y espacios vulnerables para mitigar la migración ilegal, el desplazamiento y desarrollo de economías ilegales, plantea una estrategia de contención y asfixia logística contra la criminalidad organizada.
“Se centra en negar el espacio de maniobra a los grupos delictivos mediante un control riguroso de los corredores estratégicos utilizados para el tráfico de insumos, personas y mercancías ilegales”, subraya.
El plan remarca que la finalidad “es pasar de una vigilancia pasiva a una capacidad de respuesta integrada que fiscalice y neutralice los circuitos económicos que sostienen actividades como la minería ilegal y el tráfico de armas en territorios de importancia estratégica, como lo son nuestras fronteras”.
Capacidades
Fortalecer las capacidades y optimizar los recursos del Estado para generar inteligencia, desarrollar investigación criminal y análisis criminalístico se constituye en el Objetivo Estratégico 3 del plan nacional.
“En coherencia con la necesidad de un combate articulado contra la delincuencia, este objetivo orienta sus acciones a cualificar la respuesta estatal frente a delitos de alta complejidad, como la extorsión y el homicidio”, explica.
De acuerdo con el documento, la estrategia promueve la transición hacia un modelo de investigación criminal científico y proactivo, en el cual la inteligencia y la pericia forense conduzcan la planificación y ejecución de las intervenciones.
Para tal efecto, afirma, se dispondrá la optimización de los recursos logísticos y el fortalecimiento de las competencias del personal especializado, con el fin de asegurar no solo la captura de los actores delictivos, sino también el rastreo y la incautación de activos ilícitos mediante una gestión integrada de la información.
El objetivo plantea la transformación del modelo de investigación que supere la lógica centrada en la sola sindicación y se oriente hacia una actuación sustentada en evidencia científica y pericial. En este contexto, se priorizará la implementación descentralizada de laboratorios de criminalística para garantizar el procesamiento oportuno de los indicios y la cadena de custodia.
De este modo, el objetivo estratégico recomienda elevar el estándar del informe policial, a fin de consolidarlo como un documento técnico-científico capaz de aportar elementos de convicción suficientes para sustentar la acción penal, contribuir a la desvirtuación de la presunción de inocencia conforme a las reglas del debido proceso y reducir los márgenes de impunidad asociados a la insuficiencia probatoria.
El OE 4 buscará Fortalecer la administración de justicia y el control en el interior de los establecimientos penitenciarios. Así abordará los eslabones finales de la cadena de valor de la seguridad ciudadana: el juzgamiento y el cumplimiento de la pena.
La propuesta busca combatir la sensación de impunidad mediante la modernización del aparato de justicia y la recuperación de la autoridad en el sistema carcelario, anota.
Cooperación
El PNSCLC 2026-2028 recuerda que durante los últimos cinco años la inseguridad ciudadana en América Latina se intensificó debido a la expansión de la delincuencia organizada. Frente al accionar de estos grupos trasciende las fronteras jurisdiccionales tradicionales, resulta imperativa la cooperación interestatal, alerta.
De acuerdo con el informe 2024 del Latinobarómetro, la proporción de ciudadanos que manifiestan haber sido asaltados o agredidos pasó de 22% el 2017 a 33 % el 2024, lo que evidencia un incremento significativo de la victimización en la región, refiere el documento.
En este contexto comparado, detalla, Perú registró el 2024 un 44 %, ubicándose entre los países con mayores niveles de afectación, solo por debajo de Ecuador, que alcanza un 51 %.
El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) señala que en el 2024 la delincuencia constituyó el segundo problema más crítico del país, con un 42.1 %, y fue superada únicamente por la corrupción, que alcanzó el 52.4 %, menciona el documento.
Esta percepción, indica, se intensificó desde el 2021, superando incluso los niveles del 2019, cuando el indicador estaba en 41.5 %, lo que confirma la persistencia y profundización del problema de la inseguridad en el territorio patrio.
Costos para el país
La violencia genera un costo para las personas y familias. La pérdida de recursos y de producción es resultado de hurtos, robos y asesinatos, entre otros; por otro lado, se deben considerar también los costos asociados a la seguridad pública y privada, refiere el PNSCLC 2026-2028.
Además, indica que existe una relación bidireccional entre la delincuencia y el crecimiento económico, pues el crimen puede reducir los incentivos para invertir, generar distorsiones en el consumo, disminuir la productividad y causar costos al fisco; por otra parte, el crecimiento económico puede contribuir a reducir los incentivos para las actividades criminales al crear oportunidades económicas formales (BCRP, 2024).
La inseguridad impacta en la población que busca entornos más seguros, así como en el desarrollo nacional. Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2025), se calcula que el costo de la inseguridad es del 1.7% del PBI del 2025, equivalente a 19,800 millones de soles, anota.
