Elecciones 2026: Roberto Sánchez propone la imprescriptibilidad del delito de corrupción
Desde su punto de vista estas medidas resultan necesarias en vista que, según investigaciones recientes, alrededor del 40% del Producto Bruto Interno (PBI) del país se han perdido a causa de la corrupción. Añadió que, de acuerdo a la Contraloría, anualmente alrededor de 24 mil millones de soles se pierden por actos de corrupción, a la que calificó de un verdadero "flagelo que se ha unido a la criminalidad en el Perú".
"Creo que la imprescriptibilidad del delito de corrupción debe de ser fundamental en un nuevo ordenamiento legal y aquel funcionario público que incurre de manera probada en corrupción de debe tener muerte civil", sostuvo en Andina Canal Online, donde precisó que cuanto más alto sea el cargo de un funcionario público que cometa actos ilícitos, "se le debe dar la máxima pena, cadena perpetua".
Dijo que la lucha contra la corrupción debe incluir la mejora de las leyes, entre ellas la Ley de contrataciones públicas. "Nosotros haríamos una modificatoria para que los postores (de obras públicas) presentados, como ocurre en otro país del sur de América Latina, en códigos cerrados y anónimos, y donde solamente se entra en evaluación la propuesta técnica y la propuesta económica", manifestó.
Industrialización y formalización
De otro lado, el aspirante a primer mandatario de Juntos por el Perú, propuso la industrialización del país para darle valor agregado a las materias primas que exportamos. Igualmente, planteó el impulso del proceso de formalización en todas las actividades económicas.
"¿Qué necesitamos? Precisamente, industrializar el país, una segunda reforma agraria para el capital tierra, capital industria, capital comercio y un banco de fomento para la pequeña minera, para el agricultor. Con esos elementos, nosotros tecnificando los procesos económicos", manifestó, al tiempo de añadir que la formalización es un problema grave de la economía que debe ser corregido.
Asimismo, afirmó que el país requiere un cambio de la Constitución mediante una Asamblea Constituyente, para convertir a la educación y la salud en derechos fundamentales. En ese sentido, indicó que el Estado debe aumentar el presupuesto de salud a razón de 1% del PBI hasta llegar en cinco años a 9%, mientras que a educación debe destinarse el 10% del Producto Bruto Interno.
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