Política
Periodista
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Empecemos con el problema que más agobia hoy a los peruanos: la inseguridad ciudadana. ¿Qué medidas propone para hacer frente a esta situación?
–Nos preocupa de manera muy sensible que seis peruanos mueran cada día producto de la criminalidad, y esto ocurre porque ha habido un esfuerzo de grupos parlamentarios, que nosotros llamamos promafia, que han legislado y bajado los estándares de la lucha contra el delito. Nosotros vamos a derogar todas esas leyes que están a favor de la criminalidad.
Necesitamos una reforma integral de la Policía Nacional para dotarla de infraestructura y tecnología. Vamos a invertir en el sistema de inteligencia para prevenir. El poder de fuego es importante en nuestra Policía, entonces necesitamos una policía de élite para combatir a las mafias organizadas con armas, pero también necesitamos ajustar la Constitución para que las Fuerzas Armadas vengan en soporte y apoyo de la Policía Nacional.
En esta lucha necesitamos también que las organizaciones de ronderos se incorporen en el ámbito local y regional en esta lucha y la prevención, pero también proponemos que los reservistas se integren a las tareas de prevención primaria.
–Un problema mayor que afecta a los transportistas, a los que tienen negocios, son los delitos de extorsión y sicariato. ¿Qué hacer frente a ello?
–Necesitamos un mapa territorial sobre la criminalidad organizada. Una élite de nuestra Policía tiene que combatirla con inteligencia, pero también con poder de fuego. Nosotros no vamos a poder combatir la criminalidad sin una reforma profunda del sistema de justicia. Hay lugares donde la criminalidad parece que fuera el poder activo y local. Restaurantes, emprendedores, agricultores están sufriendo el flagelo y el Estado, imbuido en temas de corrupción, no muestra liderazgo desde los cargos más altos.
–¿Cómo abordar la seguridad en las fronteras y el tema de los migrantes sin afectar sus derechos?
–Si bien el Perú es siempre solidario con nuestros hermanos latinoamericanos, hay que ser muy responsables cuando se permite una inmigración. Hoy, nuestras fronteras son espacios de libre albedrío y hace falta autoridad y una política exterior sana, que por la presencia de economías ilegales, por el traspaso de hermanos de diferentes nacionalidades y por todo lo que está pasando en el Perú tiene que trabajarse de manera responsable.
–¿Qué medidas plantearía para regular la actividad minera y que esta aporte al desarrollo del país?
–Planteamos al Perú, que es un país minero con una cartera de proyectos de más de 55,000 millones de dólares, una minería social, con altos estándares ambientales, con un régimen de participación empresarial privada de las comunidades que tienen derecho también a explotar los recursos naturales. Le planteamos al país un proceso sano, sensato, de formalización de la pequeña minería, de la minería informal.
Aquí tenemos que ser implacables con el tema del delito, con el uso ilegal de explosivos, pero necesitamos una vocación muy integradora, democratizadora de la minería. No estamos de acuerdo con criminalizarla. Creemos que el pueblo minero ancestral tiene el derecho a explotar los recursos naturales y el Estado, en vez de perseguirlo y criminalizarlo, debe tener un banco minero y promover la tecnificación y la actividad de toda la cadena de compra del oro, garantizando el régimen de propiedad. Las concesiones deben ser revisadas, así como los tratados de libre comercio para el producto mineral.
–¿Qué hará con el Reinfo, está de acuerdo con su ampliación en las mismas condiciones o con algunos cambios?
–El Reinfo ha sido un fracaso total. En vez de solo extender, se debe tener la responsabilidad de regular de manera integral. No solo la llamada formalización de ese proceso, sino también el régimen de concesiones. Hay sectores que han logrado concesiones, muchas de ellas ociosas, sin poder brindar explotación y eso no es lo adecuado. Entonces, nosotros proponemos formalización minera, estándares ambientales, formalización laboral, la posibilidad de un banco minero que promueva ese trabajo y no persiga al pequeño minero.
–¿Qué acciones ejecutaría de llegar al gobierno para enfrentar al narcotráfico?
–Urge contar con un mapa sobre el cultivo. El Perú cultiva, otros países la producen, la transforman, y otros la consumen. Entonces, en esa cadena es importante una política de fortalecimiento de la capacidad productiva de los agricultores de coca. Si una política solo va a perseguir, no es lo justo ni adecuado. Necesitamos generar oportunidades de comercialización de otras materias y productos derivados del cultivo de coca. Entonces, bajo este esquema, desde el Estado debemos hacer una lucha frontal contra el narcotráfico, venga de donde venga.
–Quisiera abordar ahora el tema del crecimiento económico. ¿Qué haría para promover la expansión de la economía y que ello redunde en beneficio de la población?
–Este régimen primario exportador de la economía es nefasto porque la riqueza se va para las transnacionales y el 1% de la población en el Perú concentra el 50% de la riqueza nacional. Entonces proponemos industrializar el país: la agroexportación, la agricultura con valor agregado, porque eso significará una segunda reforma agraria en capital tierra, capital industria, capital comercio; también un banco de fomento para la actividad de la pequeña minería, para la actividad del agricultor.
Con esos elementos, tecnificando los procesos económicos y, además, formalizando, podemos salir de este régimen económico mercantil que solo ha traído progreso a una minoría. Planteamos que se acaben los contratos ley, que son nefastos, y que el Estado afirme soberanía para poder producir, explotar nuestra petroquímica del gasoducto del sur, fortalecer la gestión de Petroperú, entre otros elementos que generan empleo, desarrollo económico, con una visión de sostenibilidad del Perú.
–¿Qué propone para resolver los problemas de la falta de infraestructura en salud y calidad de la atención?
–Hay un grave problema en nuestro sistema sanitario y es que en la Constitución del 93 la salud no está concebida como un derecho fundamental. Señala que “El Estado garantiza la cobertura”, pero habla de los niveles primarios y básicos. Creemos que,en el cambio de la Constitución, en la Asamblea Constituyente, la educación y la salud tienen que ser derechos fundamentales.
El Estado debe garantizar la atención integral gratuita de todo el primer nivel de atención primaria, pero, además, necesitamos pasar de ese 3.6% o 4% del PBI en inversión en salud, cada año a un punto. Necesitamos llegar en los próximos 5 años al 9% del PBI. Los recursos los garantizaríamos con una mayor presión tributaria. Tenemos mucha evasión tributaria. En América Latina, el peso tributario es del 22% y 24%, en el Perú es solo del 14 %.
–¿Cuáles son sus propuestas para mejorar la calidad de educación y el acceso en las zonas rurales?
–La Constitución dice que el 6% debe ser la inversión anual sobre el PBI y no se llega ni al 4%. Entonces, está desfinanciada y por eso tenemos un déficit de calidad. Por eso nuestra economía no es competitiva, porque si no tienes capital humano formado, tu economía no es competitiva. Pero, tras cuernos, palos, porque de cada 10 jóvenes que deberían estar estudiando educación superior solo tres lo logran.
Necesitamos subir el presupuesto del 6% al 10% en los próximos años. Invertir en la educación como política de Estado para garantizar el nivel inicial, primario y secundario con un enfoque intercultural, con un enfoque de desarrollo para la vida e inserción en el espacio económico. El derecho a ingresar a la universidad pública con ingreso libre es una política de Estado para nosotros.
–En el tema del deporte, ¿qué propone para impulsar esta importante actividad?
–Proponemos reformar el IPD, ya que no promueve de manera adecuada el deporte fundamental que es importantísimo para la salud física, la salud mental, la recreación de nuestros niños y jóvenes. El deporte es salud, el deporte es desarrollo, autoestima e identidad.
Lucha anticorrupción
El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, señala que, según algunos investigadores, por lo menos el 40% del producto bruto interno se ha ido a la corrupción.
“La Contraloría dice, por su parte, que año a año estamos con alrededor de 24,000 millones de soles que se van a la corrupción. O sea, la corrupción es el flagelo que se ha unido a la criminalidad en el Perú”, enfatiza.
Para enfrentar esta situación afirma que la imprescriptibilidad del delito de corrupción debe ser fundamental en un nuevo ordenamiento legal, que señale, por ejemplo, que aquel funcionario que incurra de manera probada en actos de corrupción, se le aplique la muerte civil.
“Cuanto más alta sea la autoridad, la pena a aplicar debe ser más severa y esta es la cadena perpetua, eso es lo que corresponde”, indicó.
Sánchez Palomino afirma también que la lucha contra la corrupción tiene, en el otro lado, la mejora de las leyes de contrataciones públicas. “Haríamos una modificatoria para que los postores, que son los que pactan comisiones, presenten sus propuestas en códigos cerrados y anónimos y donde solo entre en evaluación la propuesta técnica”, manifestó.
Hoja de vida
-Roberto Sánchez postula a la presidencia y a una diputación por la organización Juntos por el Perú.
-El actual congresista cuenta con formación en psicología (UNMSM) y una maestría en políticas sociales (PUCP).
-Ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo. También gerente en la Municipalidad de San Borja.