Editorial
“El desafío ahora es garantizar que esas inversiones se ejecuten, que las obras se concreten y que los ciudadanos perciban sus beneficios [...].”
En Perú, esta realidad es aún más evidente. El país arrastra desde hace décadas importantes brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos que afectan la competitividad de la economía y limitan el desarrollo de amplios sectores de la población. En muchos casos, estas carencias se traducen en mayores costos logísticos y desigualdades territoriales que dificultan que el crecimiento llegue de manera equitativa a todas las regiones.
En este contexto, la publicación del Plan Nacional de Infraestructura 2026-2031 (PNI) constituye un paso importante para ordenar y orientar las inversiones que el país necesita con urgencia. Este instrumento prioriza un portafolio estratégico de 72 proyectos de inversión por S/ 144,117 millones, orientados a mejorar la conectividad e impulsar el cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos, contribuyendo así a elevar la calidad de vida de la población.
Alineado con el Plan de Desarrollo Estratégico Perú 2050, el PNI promueve inversiones de alto impacto económico y social, articuladas con las potencialidades productivas del país. La cartera abarca sectores fundamentales como transportes, agricultura y riego, saneamiento, salud, electricidad, educación, telecomunicaciones y turismo.
El plan no solo ordena prioridades. También fortalece la calidad de la gestión pública de las inversiones. Las iniciativas incluidas cuentan con recursos en la programación multianual y se proyecta que su ejecución física se desarrolle dentro de los próximos cinco años.
Introduce, asimismo, mejoras sustantivas en la forma de monitorear y gestionar las inversiones. Se pasa de un enfoque centrado únicamente en seleccionar proyectos a un modelo de gestión integral de las obras. Cada proyecto contará, en ese sentido, con planes de acción obligatorios e indicadores de avance físico y financiero. Este esquema permitirá un seguimiento permanente del progreso de las inversiones y una mayor rendición de cuentas sobre sus resultados.
La aprobación del plan es una apuesta decidida del Gobierno que, aún en una etapa de transición, busca fortalecer políticas públicas con una mirada de medio y largo plazo. Con ello se reafirma el compromiso de consolidar una planificación estratégica de la infraestructura que respalde el crecimiento económico y promueva el desarrollo sostenible.
El desafío ahora es garantizar que esas inversiones se ejecuten, que las obras se concreten y que los ciudadanos perciban sus beneficios, porque es así como el crecimiento se convierte en bienestar concreto para todos.