Opinión
Periodista
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El problema no es solo de personas, sino también de reglas e incentivos. El diseño institucional peruano –un presidencialismo con herramientas de control como la vacancia por incapacidad moral y la cuestión de confianza– ha terminado por generar un desequilibrio permanente. Lo que en teoría debía servir como un instrumento del balance de poderes se ha convertido, en la práctica, en un arsenal para la confrontación.
A ello se suma la debilidad estructural de los partidos políticos. Sin organizaciones sólidas, los presidentes llegan al poder sin respaldo parlamentario consistente, sin cuadros técnicos suficientes y sin capacidad real de articulación. El Congreso, por su parte, altamente fragmentado y dominado por agendas particulares, opera sin mayorías claras ni proyectos cohesionados. El resultado es un sistema en el que la negociación es frágil, transaccional y de corto plazo.
En ese contexto, la vacancia ha dejado de ser un recurso excepcional para convertirse en una amenaza constante. Ningún mandatario gobierna con la certeza de completar su gestión. En la última década, el país ha atravesado una inestabilidad presidencial inusual en la región, con múltiples cambios de jefe de Estado en períodos muy breves. Esta situación condiciona decisiones, limita horizontes y empuja a priorizar la supervivencia política sobre la gestión pública.
Pero hay un elemento adicional que agrava este escenario: la presencia de actores políticos que han convertido la desestabilización en una herramienta. Cuando las reglas permiten bloquear, erosionar o precipitar la caída del adversario con relativa facilidad, la lógica de competencia se transforma. No se trata únicamente de ganar elecciones para gobernar, sino también de impedir que el otro lo haga si yo no gano. Aunque algunos actores han sido más visibles en esta estrategia, el problema es más profundo: es el propio sistema el que incentiva el conflicto como forma de ejercer el poder.
Casos como el de los expresidentes Pedro Pablo Kuczynski o el de Pedro Castillo evidencian, además, que no existe una estrategia segura. Confrontar puede acelerar la caída, pero ceder no garantiza estabilidad. En el Perú actual, quien se enfrenta puede caer por exceso; quien concede, por debilidad.
Todo ello ha derivado en una erosión progresiva de la institución presidencial, tanto en su dimensión política como simbólica. La presidencia ha perdido capacidad de conducción, su autoridad se ha debilitado y su permanencia se ha vuelto incierta. Lo que emerge es una figura concentrada en resistir.
Sin embargo, reconocer estas limitaciones no implica sostener que todos los liderazgos sean equivalentes. Incluso en contextos adversos, existen diferencias en la capacidad de gestión, en la construcción de acuerdos y en la conducción política. El sistema condiciona, pero no anula la agencia.
Por ello, la pregunta ya no es únicamente quién ganará las próximas elecciones, sino si el sistema permitirá a quien gane ejercer realmente el poder. Sin reformas que redefinan las reglas, fortalezcan los partidos y reduzcan los incentivos al bloqueo, los resultados tenderán a repetirse.
El problema del Perú no es que cualquiera pueda llegar a la presidencia. Es que, una vez allí, el sistema parece diseñado para impedirle gobernar. Y mientras esa lógica no cambie, elegir al gobernante continuará siendo importante, pero cada vez menos decisivo.