Opinión
Directora Adjunta de CEDRO
Este pendiente no es menor. Al contrario, deja abierta la puerta a una actividad criminal que golpea tres frentes fundamentales del Estado.
La política fiscal es reconocida globalmente como la herramienta más costo-efectiva para reducir el consumo de tabaco. Sin embargo, cuando el mercado se inunda de cigarrillos de contrabando –vendidos a precios ínfimos, a veces a la cuarta parte del tabaco legal, y sin advertencias sanitarias–, el impacto disuasorio del impuesto se anula, haciendo que estos productos sean más asequibles para los jóvenes y las poblaciones vulnerables, perpetuando una carga de enfermedades no transmisibles que el sistema de salud pública peruano debe costear con recursos limitados.
El Estado peruano pierde cada año cientos de millones de soles en recaudación debido a la evasión tributaria. En un país con tantas carencias y urgencias, permitir que el comercio ilegal prospere es inadmisible. La adhesión al Protocolo permitiría implementar una serie de medidas que asegurarían que todo producto de tabaco comercializado en el territorio nacional haya cumplido con sus obligaciones tributarias.
El comercio ilícito de tabaco no es un delito menor: es una fuente de financiamiento para la economía clandestina y el crimen organizado. Sin herramientas de control transfronterizo y cooperación internacional –como las que ofrece el Protocolo– el Perú queda en desventaja frente a las mafias que vulneran sus fronteras. Adherirse es también una decisión de inteligencia estratégica para fortalecer el control del suministro y debilitar las finanzas de la criminalidad organizada.
Afortunadamente, el panorama está cambiando. Tras varios años de trabajo articulado y bajo el liderazgo de la Cancillería, se ha logrado un consenso técnico entre los diversos sectores del Estado. Este avance permitirá cerrar la etapa de perfeccionamiento interno y trasladar el debate al Congreso de la República, donde se definirá la adhesión definitiva de nuestro país a este importante instrumento internacional.
Seguir postergando la adhesión al Protocolo es permitir que el comercio ilícito siga minando la salud, la economía y la seguridad de nuestro país. Es momento de que el liderazgo político actúe con firmeza, priorizando el interés nacional. El Protocolo no es solo un tratado de salud; es una herramienta de soberanía y desarrollo que el país no puede –ni debe– seguir retrasando. Confiamos en que el Congreso de la República sabrá reconocer la trascendencia de este instrumento y proceda con la aprobación de su adhesión, dando un paso decisivo en la protección de todos los peruanos.