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El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas derrocaron a la presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976) y los cuatro jerarcas militares que se sucedieron en el poder hasta el 10 de diciembre de 1983 –Jorge Videla, Roberto Viola, Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone– desplegaron un feroz terrorismo de Estado.
La represión sistemática diseñada por las juntas militares incluyó ejecuciones sumarias y el secuestro masivo de personas sospechosas de pertenecer o simpatizar con organizaciones contrarias al régimen, su traslado a centros clandestinos de detención, 814 en todo el país, donde fueron torturadas y desaparecidas, y el robo de niños, hijos de secuestrados, entre otros crímenes.
Impunidad
Un sinfín de estos delitos de lesa humanidad aún permanecen impunes, pese a los numerosos procesos que se abrieron paso en los tribunales argentinos durante las dos últimas décadas.
“Hay muchas cuestiones que todavía deben ser reparadas y esclarecidas”, asevera la directora general de la Comisión Provincial de Memoria de Buenos Aires, Sandra Raggio.
La búsqueda de justicia comenzó a ver la luz poco después del retorno a la democracia, cuando el presidente Raúl Alfonsín (1983-1989) impulsó el juicio a las juntas militares que concluyó en 1985 con la condena a los jerarcas por homicidio, tortura, robo y otros delitos.
Pero fuertes presiones del sector castrense conminaron al Ejecutivo a impulsar la aprobación de las leyes de Punto Final, en 1986, y Obediencia Debida, en 1987, que libraron de juicio a un millar de militares y policías.
Entre 1989 y 1990, bajo el pretexto de “reconciliar y pacificar”, el presidente Carlos Menem (1989-1999) otorgó por decreto una serie de indultos que beneficiaron a unos 300 jefes del régimen militar y de agrupaciones armadas de izquierda.
Los familiares de las víctimas acudieron entonces a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a tribunales internacionales, con la apertura de causas en Suecia, Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y España.
La justicia debida
La llegada a la Presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007) supuso un giro en materia de derechos humanos al impulsar la anulación de las llamadas “leyes del perdón”, normas que el 2005 fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema. El 2007 este alto tribunal declaró inválidos los indultos, lo que permitió la reapertura de las causas.
Según la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, sobre un total de 706 causas judiciales y 3,875 personas investigadas, en 357 casos se dictó sentencia y hubo 1,208 condenados desde el 2006. Actualmente hay 419 condenados detenidos, la mayoría en prisión domiciliaria.
Otras 1,252 personas acusadas fallecieron antes de ser sentenciadas y 33 son prófugas de la justicia.
Pese a este nivel de impunidad y los años transcurridos, los familiares de las víctimas no abandonan sus banderas de “memoria, verdad y justicia”: de los 30,000 desaparecidos durante la dictadura, solo se han recuperado restos de 1,652 o se encontró el registro de su homicidio, de acuerdo a datos del Equipo Argentino de Antropología Forense.
Y de los casi 400 niños robados, Abuelas de Plaza de Mayo sigue buscando a 252.
Memoria completa
La búsqueda se ha tornado más difícil desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, en diciembre del 2023, por su decisión de desmantelar y desfinanciar las políticas de derechos humanos.
A ello se suma un discurso oficial que cuestiona a las organizaciones de derechos humanos y recupera el lema “memoria completa”, que surge a finales de los años 90 en el mundo militar como el “recuerdo de los muertos por las organizaciones armadas”, señaló la socióloga e investigadora Valentina Salvi.
“El gobierno de Milei retoma narrativas del discurso del régimen militar y que, tras la transición democrática, quedaron en un lugar residual: la idea de que en los 70 hubo una guerra en la que se enfrentaron dos bandos. Así, se diluye la violencia de Estado y se la iguala a la de las organizaciones armadas”, agregó Salvi.
El 24 de marzo del 2025, el gobierno difundió un video titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, con testimonios sobre la violencia de la guerrilla y en el que defendió que durante la dictadura hubo una “guerra”.
“Tenemos que redoblar el trabajo, sobre todo, con miras a las nuevas generaciones. El pasado se conecta mucho con el presente, porque las políticas que está llevando adelante este gobierno, el discurso que tiene, la represión a la protesta social, lo conecta claramente con el pasado dictatorial”, afirmó Raggio.
Cifras
7 de 10 argentinos evalúan en forma negativa la dictadura militar, según estudio de la Universidad de Buenos Aires.
70% está “muy de acuerdo” con que el Estado juzgue a los responsables de los crímenes.
45% de los encuestados señala que conoció lo ocurrido durante la dictadura en la escuela o la universidad. (Efe)
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