Gobierno lanza ofensiva nacional contra el crimen organizado con despliegue articulado y metas
Jefe del Gabinete sostuvo que la lucha contra la delincuencia no solo responde a una demanda social urgente, sino que constituye un pilar para la gobernabilidad democrática.
La estrategia fue definida en una reunión de alto nivel encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, quien lideró la articulación de medidas extraordinarias junto a los titulares de los sectores clave y los altos mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú.
“El Gobierno ha tomado la decisión política de pasar del diagnóstico a la acción. Esta ofensiva no es declarativa: implica despliegue real, inteligencia operativa y presencia efectiva del Estado en las calles”, afirmó Luis Arroyo, jefe del gabinete ministerial, al destacar el carácter prioritario de la seguridad ciudadana dentro de la agenda gubernamental.
El jefe del Gabinete remarcó que la lucha contra la delincuencia no solo responde a una demanda social urgente, sino que constituye un pilar para la gobernabilidad democrática.
“No habrá desarrollo sostenible ni convivencia pacífica sin control del orden interno. Estamos actuando con firmeza para proteger a la población y restablecer la autoridad del Estado”, sostuvo.
En la reunión participaron el ministro del Interior, José Zapata; el ministro de Defensa, Carlos Alberto Díaz; el ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Augusto Briceño; el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola; así como representantes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) y la Secretaría de Defensa y Seguridad Nacional (SEDENA).
Durante la sesión, el ministro del Interior, José Zapata, presentó el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026–2028, que plantea una intervención escalonada en zonas críticas, el fortalecimiento de la prevención policial y comunitaria, así como el refuerzo del control en fronteras y espacios estratégicos.
El plan establece como meta reducir la tasa de homicidios de 10,7 por cada 100 mil habitantes en 2025 a 8,5 en 2028, además de una disminución progresiva de los casos de extorsión y sicariato, según el Mininter. Para ello, se prevé optimizar las capacidades de inteligencia, investigación criminal y análisis criminal, junto con el fortalecimiento de la administración de justicia y el sistema penitenciario.
La estrategia se implementará mediante Fuerzas de Tarea Integradas del Estado, con un despliegue flexible y adaptado a la dinámica delictiva de cada territorio. Este enfoque busca responder con rapidez a los focos de violencia y desarticular las redes criminales que operan en el país.
Con esta ofensiva, el Ejecutivo apuesta por consolidar una política de seguridad sostenida en el tiempo, basada en evidencia, articulación interinstitucional y conducción política firme.
