Opinión
Periodista
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La iniciativa conecta con una demanda legítima de la ciudadanía: vivir sin miedo. Sin embargo, una revisión más detenida revela que se trata de una propuesta de difícil viabilidad y cuestionable eficacia.
El primer obstáculo es jurídico. Perú es parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que, si bien no prohíbe de manera absoluta la pena de muerte, sí impide su ampliación a delitos para los cuales no estaba previamente contemplada. En el marco constitucional vigente, su aplicación se limita a supuestos excepcionales. Extenderla a delitos comunes implicaría no solo denunciar el tratado, sino también emprender una reforma constitucional compleja, que exige consensos políticos difíciles de alcanzar en un sistema fragmentado.
A ello se suma el costo político y diplomático de una eventual salida del sistema interamericano. No se trata de una decisión neutra. Supone un quiebre con un entramado institucional que ha servido, con todas sus limitaciones, como un mecanismo de protección de derechos fundamentales en la región. En un contexto en el que Perú busca estabilidad y confianza para atraer inversiones, una señal de ese tipo generaría incertidumbre y afectaría su posición internacional.
Pero incluso si se superaran esos obstáculos, subsiste una pregunta central: ¿es la pena de muerte una herramienta eficaz para combatir la criminalidad? La evidencia comparada sugiere que no. Los países que la aplican no presentan necesariamente menores tasas de criminalidad que aquellos que han optado por sanciones severas como la cadena perpetua. El factor decisivo no es la severidad de la pena, sino la probabilidad de que el delito sea investigado, juzgado y sancionado de manera efectiva.
En Perú, las debilidades del sistema de justicia obligan a buscar soluciones más factibles. Antes que discutir la introducción de sanciones extremas, el desafío parece estar en fortalecer las capacidades del Estado para garantizar la certeza del castigo. Sin ello, cualquier endurecimiento penal corre el riesgo de no tener impacto real.
Existe, además, un elemento adicional que no puede soslayarse: la irreversibilidad de la pena de muerte frente a posibles errores judiciales. En sistemas con márgenes de falla, el costo de una condena equivocada es definitivo.
La demanda de seguridad es legítima y urgente. Pero las respuestas deben ser no solo firmes, sino también viables y eficaces, sin cantos de sirena ni demagogia. Apostar por soluciones de alto impacto retórico, pero bajo sustento práctico, puede terminar desviando la atención de las reformas que verdaderamente podrían marcar la diferencia.