Derecho
Esta especialista, como otros de igual nivel están siendo convocados para que brinden su opinión técnica, lo cual garantiza la multidisciplinariedad y pluralidad de aportes y perspectivas sobre la justicia y su reforma.
Uno de los problemas identificados por la comisión de reforma es la desactualización constitucional del estatuto orgánico del Poder Judicial.
Si bien el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial constituye el estatuto institucional que define su organización, gobierno, funcionamiento y principios básicos, al ser una norma pre-constitucional, no se gestó alineada al modelo constitucional vigente.
Al respecto, el citado grupo de trabajo se ha propuesto integrar los principios y valores que sustentan la impartición de justicia tomando como referencia el modelo de Estado constitucional, la Carta Fundamental vigente, los tratados de derechos humanos, así como los productos de la Cumbre Judicial Iberoamericana.
Sobre la invitada
Indacochea Prevost, abogada constitucionalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y con estudios de Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, es investigadora en temas de teoría del Derecho, Derecho Constitucional, reformas judiciales, litigio constitucional y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Forma parte de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF) en la que, actualmente, es directora del Programa de Independencia Judicial y, como tal, lidera la planificación de proyectos e investigación aplicada de los principales obstáculos que enfrenta la independencia judicial y la autonomía de los poderes judiciales en la región.
La DPLF es una organización regional cuyo mandato es “promover los derechos humanos y el Estado de derecho en América Latina a través del análisis y propuesta, la cooperación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, el intercambio de experiencias y las acciones de incidencia”.
Ha ocupado, además, la posición de Legal Fellow en la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad encargada de proteger la independencia de operadores de justicia.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, instaló hace unos días la referida comisión de alto nivel, constituida en el marco del artículo 138 de la Constitución Política del Estado.
Este grupo de trabajo tiene el encargo de elaborar un anteproyecto normativo estructural y orgánico del Poder Judicial, en respuesta a los desafíos y realidad que afrontan los usuarios del servicio de justicia, así como para fortalecer la independencia judicial.
La comisión está presidida por la propia Tello Gilardi y conformada, además, por los jueces supremos Carlos Giovani Arias Lazarte, Aldo Martín Figueroa Navarro, Wílber Bustamante del Castillo y Ramiro Antonio Bustamante Zegarra.
?? Un total de cinco cortes superiores de justicia recibieron reconocimientos por haber alcanzado altos niveles de capacidad preventiva frente a la corrupción en el 2025.
— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) March 26, 2026
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