Editorial
Ante esta realidad, especialistas en seguridad y ciudadanos que viven a diario bajo la amenaza del delito han coincidido en una demanda central: mayor presencia efectiva de las fuerzas del orden en las calles y una articulación operativa que permita enfrentar el problema con decisiones más firmes.
En respuesta a esta situación, el Gobierno ha dispuesto el despliegue de unidades conjuntas integradas por efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas con el objetivo de enfrentar la criminalidad en siete regiones del país: Lima, La Libertad, Lambayeque, Piura, Arequipa, Cajamarca y Cusco. Estas Fuerzas Integradas de Tareas, como se ha denominado, estarán presentes en 27 distritos identificados por su elevada incidencia de delitos de alto impacto, donde el avance del crimen exige una intervención decidida y visible del Estado para restablecer el orden y fortalecer la seguridad ciudadana.
Como ha señalado el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, cada una de estas fuerzas está conformada por 200 efectivos provenientes de la Policía, los institutos armados y el serenazgo municipal. Esta estructura conjunta permitirá reforzar el control territorial e intensificar el patrullaje en las calles.
El despliegue actual supera los 6,500 policías en zonas críticas, una cifra que se verá reforzada con la incorporación esta semana de más de 5,600 nuevos efectivos egresados de las escuelas de formación de la Policía Nacional. De ese total, cerca de 2,000 se integrarán a unidades especializadas de investigación criminal, lo que contribuirá a fortalecer las capacidades operativas.
Esta medida forma parte, además, de una estrategia más amplia orientada a enfrentar de manera integral a la delincuencia. En esa línea, el Gobierno ejecuta una ofensiva directa y sostenida contra las organizaciones criminales, con medidas destinadas a debilitar sus fuentes de financiamiento y reducir su capacidad operativa.
La puesta en marcha de las Fuerzas Integradas de Tareas constituye una forma distinta de enfrentar al crimen. Frente a delitos de extrema gravedad como la extorsión y el sicariato, que hoy amenazan la seguridad de los ciudadanos y el normal desarrollo de las actividades económicas, la respuesta estatal no puede ser sino firme y articulada.
Desde esa perspectiva, lo que se espera es que este despliegue se traduzca en resultados concretos en el más breve plazo y que, además, logre sostenerse en el tiempo.
Solo de esa manera será posible recuperar espacios frente al delito y devolver a la población la confianza en que la lucha contra la inseguridad se enfrenta con determinación y eficacia.