Editorial
“La aprobación de la Política General de Gobierno constituye, sin duda, una decisión acertada del Ejecutivo para dotar de dirección y coherencia a la gestión pública en la etapa final del presente mandato”.
Este instrumento establece un marco de acción inmediato para todas las entidades del Estado. Su aplicación comprende al Ejecutivo, los gobiernos regionales y locales, las universidades públicas, las mancomunidades regionales y municipales, así como a las entidades adscritas y demás organismos. En ese sentido, no se trata solo de una declaración de intenciones, sino también de una directriz destinada a alinear la gestión pública durante los próximos meses.
La política aprobada articula tres ejes fundamentales. El primero, Seguridad Ciudadana, prioriza la implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, el fortalecimiento del marco legal para enfrentar la criminalidad organizada y el desarrollo de una estrategia efectiva contra los delitos conexos.
El segundo eje, Continuidad Económica, busca preservar la estabilidad del país mediante el impulso del crecimiento y la competitividad, la atención de emergencias, la seguridad energética, el fortalecimiento de la educación con enfoque productivo, entre otros.
El tercer eje, Transición Democrática, subraya la importancia de garantizar elecciones libres y transparentes, promover el diálogo político que permita dar continuidad a las políticas vinculadas con el desarrollo productivo, y asegurar un proceso de transferencia ordenado al próximo gobierno.
Para asegurar que estos compromisos no queden únicamente en el plano declarativo, el Ceplan, en coordinación con los ministerios, tendrá a su cargo la elaboración de los indicadores que permitirán medir de manera objetiva el progreso de cada uno de los ejes. Así, se ha previsto la presentación de un reporte de avance al 31 de mayo y, posteriormente, un informe final al 15 de julio.
La aprobación de la Política General de Gobierno constituye, sin duda, una decisión acertada del Ejecutivo para dotar de dirección y coherencia a la gestión pública en la etapa final del presente mandato. Corresponde ahora a las instituciones públicas –y, en un sentido más amplio, a todos los peruanos– asumir con responsabilidad el compromiso de respaldar y poner en marcha esta agenda, avanzando con determinación en su implementación. Ese esfuerzo conjunto será la contribución más valiosa que cada uno puede ofrecer para afirmar el rumbo del Perú.