Derecho
Estos datos forman parte del “Informe anual sobre solicitudes de acceso a la información pública y el nivel de cumplimiento en la actualización de información pública en los Portales de Transparencia Estándar – Año 2025”, publicado por la entidad, a través de la Antaip.
El informe detalla el estado del ejercicio del derecho de acceso a la información en el país, así como el nivel de publicación de información respecto al uso de recursos públicos y la gestión de las entidades en sus portales de transparencia. Según la data reportada por las entidades, el 98.5% de las solicitudes de acceso fueron atendidas, el 0.6% se encontraba en trámite y el 0.9% no fue atendido.
Como cada año, el Poder Ejecutivo y sus entidades adscritas concentraron el mayor número de solicitudes, representando el 51.8% del total, seguido por las municipalidades distritales (16.9%) y las municipalidades provinciales (15.2%). Asimismo, se registró un incremento significativo en las solicitudes presentadas ante municipalidades distritales (+110.8% respecto al año anterior), esto asociado al aumento de entidades que reportaron información a la Antaip.
En cuanto a los temas de mayor interés ciudadano, las solicitudes se concentraron principalmente en información vinculada a las competencias de las entidades públicas (47.1%), como informes, estudios, expedientes y opiniones técnicas. Le siguen las solicitudes relacionadas con el personal (13.2%), referidas a información como nombre, régimen laboral, cargo y remuneración. Además, un 8.4% corresponde a pedidos sobre datos generales de las entidades, como el directorio y normas que las rigen o emiten.
El informe también identifica los principales factores que afectan la atención de las solicitudes. En particular, destaca que el 39.8% de las solicitudes no atendidas se explica por la falta de articulación entre las áreas que poseen la información y aquellas responsables de atender los pedidos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos internos en las entidades públicas.
El documento recoge las buenas prácticas implementadas por diversas entidades, como la derivación más célere de las solicitudes, la capacitación del personal, la implementación de canales virtuales de atención y la capacitación del personal. También identifica las principales necesidades institucionales, siendo el fortalecimiento de capacidades del funcionariado uno de los aspectos más relevantes (68.5%).
Al respecto, en el año 2025 la Antaip ofreció, además de los cursos especializados MOOC (masivos y en línea), charlas informativas o conferencias que beneficiaron a más de 12 mil personas, servidores públicos vinculados a esta temática, principalmente.
En cuanto al régimen sancionador de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solo el 5.4% de las entidades reportó haber recibido al menos una denuncia. Pese a que el Funcionario Responsable de Atender las Solicitudes de Acceso a la Información pública (FRASAI) tiene la obligación de comunicar a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (STPAD), o al órgano que haga sus veces, las presuntas conductas infractoras del Funcionario Responsable del Área Poseedora de la Información (FRAPI) que afectan la atención de las solicitudes, únicamente el 7.1% de las entidades reportó haber realizado dicha comunicación.
Por otro lado, el informe evidencia una limitada activación del régimen sancionador. Solo el 1.9% de las entidades reportó haber instaurado Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS), lo que equivale a 14 casos en total, ninguno de ellos originado en denuncias ciudadanas. De estos, solo el 7.1% (1 caso) concluyó con sanción, mientras que el 28.6% fue archivado, el 42.9% se encuentra en trámite y el 21.4% no precisó su estado.
En materia de transparencia activa, el informe incluye los resultados de la supervisión a los Portales de Transparencia Estándar (PTE), presentada en noviembre de 2025, así como el trabajo de asistencia técnica realizado por la Antaip. De las 300 entidades supervisadas, el nivel de cumplimiento promedio alcanzó el 71%, lo que representa un incremento de 18 puntos porcentuales respecto al 53% registrado en 2024, y diez entidades lograron el 100% de cumplimiento.
El informe anual constituye un insumo clave para la toma de decisiones en materia de transparencia y acceso a la información pública en los tres niveles de gobierno. Su contenido permite identificar brechas, orientar intervenciones y fortalecer la gestión pública. El documento completo puede ser consultado en la sede digital de la Antaipm mediante el siguiente enlace:
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— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) April 1, 2026