Opinión
Profesor Estrategia y Gobierno Corporativo. PAD-Universidad de Piura
Desde el 2016 hemos visto vacancias que parecían relámpagos, censuras que caían como piezas de dominó, gabinetes cuya vida útil no llegaba a un trimestre y choques constantes entre el Ejecutivo y el Congreso. No se generó equilibrio; se perforó la autoridad. El resultado es una democracia fragmentada, casi sin poder real y, peor aún, desconectada de la ciudadanía. Los números lo dicen todo: apenas un 8% de peruanos está satisfecho con la democracia. Apenas ocho de cada cien. El 91% restante expresa insatisfacción, fastidio o franca decepción. Y aunque la idea democrática aún conserva un apoyo del 50%, su desempeño es evaluado con dureza.
En medio de este panorama, el gobierno corporativo ofrece seis lecciones que podrían ayudarnos más de lo que creemos. La primera es una transparencia que sirva para decidir. En una empresa seria, la información no se da por cumplir; se da para entender qué está pasando y tomar decisiones sensatas. En política debería ser igual: presupuestos claros, contratos visibles, votaciones accesibles y resultados que cualquiera pueda seguir sin convertirse en detective.
La segunda es una rendición de cuentas que tenga consecuencias. No es castigo: es responsabilidad. Hoy, la vacancia y la censura funcionan como armas instantáneas, no como herramientas institucionales. Reformarlas con criterios técnicos, umbrales más altos y tiempos de enfriamiento ayudaría a desactivar el uso faccioso que nos ha llevado al borde del abismo más de una vez.
La tercera lección es la gestión de riesgos. Toda empresa que se respeta trabaja con una matriz de riesgos. El Estado también debería hacerlo. Un comité nacional de riesgos de gobernabilidad, con alertas tempranas y protocolos de mediación, permitiría anticipar conflictos antes de que se vuelvan explosivos.
La cuarta es la independencia real en los organismos que deben ser árbitros. No basta con proclamarla: hay que diseñarla. Nombramientos transparentes, votos nominales, períodos escalonados y meritocracia sin atajos serían un buen comienzo para instituciones como el Tribunal Constitucional, la Contraloría o los reguladores.
La quinta lección es más humana: escuchar a los stakeholders. Las empresas entendieron hace rato que no avanzan solas. El Estado tampoco. Incluir a ciudadanos, territorios y usuarios en el diseño y evaluación de políticas públicas ayuda a reducir la discrecionalidad y a mejorar los resultados.
La sexta es la sucesión ordenada. En una compañía, nadie espera al último día para decidir quién sigue. En la política peruana, en cambio, los relevos suelen ser caóticos. Protocolos claros, auditorías de transición y equipos espejo podrían reducir esa turbulencia.
El gobierno corporativo no es solo reglas, sino también cultura. El propósito es el norte que alinea decisiones cuando el día a día se vuelve ruidoso. En nuestro caso, significaría un proyecto nacional estable a 10 o 15 años, con metas verificables en salud, educación o infraestructura. El liderazgo institucional, no personalista: autoridades que fortalezcan las reglas en lugar de depender de su carisma. La importancia de tener órganos públicos fuertes, diversos y profesionales, capaces de aportar criterio, supervisión y visión estratégica. Necesitamos formar mejores líderes.
Varias de estas ideas pueden traducirse en medidas concretas: estándares de transparencia comparables para Congreso y Ejecutivo; una reforma sensata de la vacancia y la censura; un comité nacional para anticipar crisis; procesos de nombramiento trazables de inicio a fin; y consejos sectoriales de stakeholders con participación vinculante.
El Perú no sufre por falta de elecciones. Sufre por falta de instituciones que funcionen. Las prácticas que sostienen a las buenas empresas –transparencia que importa, responsabilidades claras, gestión de riesgos, independencia real, participación de actores y transiciones ordenadas– pueden convertirse en una hoja de ruta realista para reconstruir la confianza democrática.