Política
Dicha iniciativa busca sentar las bases de una transformación profunda basada en la gobernanza, la sostenibilidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Asimismo, se acordó que en mayo se desarrollará la próxima reunión plenaria para el seguimiento de acuerdos en el distrito de Tayabamba, en la provincia de Pataz.
En la presentación, que se llevó a cabo en el auditorio de la Beneficencia de la ciudad de Trujillo, estuvieron presentes representantes de los ministerios de Salud; Producción; Defensa; Transportes ? Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Desarrollo Agrario y Riego; Educación; Trabajo y Promoción del Empleo; Desarrollo ? Inclusión Social; Energía y Minas; e Interior, así como los alcaldes distritales de Ongón, Huancaspata y Urpay y representantes de la Central Única de Rondas Campesinas de la provincia de Pataz y Tayabamba.
La aprobación de este plan de desarrollo se da en un contexto marcado por años de expansión de la minería ilegal y creciente inseguridad. La medida busca revertir una problemática estructural que, según información oficial del Estado peruano, se ha intensificado en los últimos años.
De acuerdo con reportes de la propia PCM, la provincia de Pataz se ha convertido en un foco crítico de economías ilícitas vinculadas principalmente con la extracción ilegal de oro. Antes del 2024, el Estado ya reconocía que esta actividad no solo generaba graves impactos ambientales, sino que también estaba asociada a delitos como el crimen organizado y otras economías ilegales.
Durante el 2024, las acciones de interdicción comenzaron a intensificarse. Operativos ejecutados por diversas entidades estatales permitieron la incautación y destrucción de materiales valorizados en millones de soles, lo que evidencia la magnitud del problema. Sin embargo, estas intervenciones también confirmaron que la minería ilegal operaba de manera organizada y con capacidad de recuperación.
La situación se agravó en el 2025, lo que llevó al Ejecutivo a declarar y ampliar el estado de emergencia en Pataz. Esta decisión permitió el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en un intento por recuperar el control territorial. En ese mismo período se creó el Comando Unificado, una estrategia que articula a múltiples instituciones del Estado para enfrentar la actividad ilegal.
Operativos
Según cifras oficiales, en apenas semanas de intervención se ejecutaron más de una decena de operativos, generando pérdidas superiores a los 186 millones de soles para las redes de minería ilegal. Asimismo, se intervinieron bocaminas y plantas de procesamiento, lo que reveló la existencia de una cadena productiva ilícita plenamente instalada en la provincia.
Pese a estos esfuerzos, el Estado reconoce que la problemática persiste. La reiteración de operativos y la continuidad de actividades ilegales reflejan la complejidad del escenario en Pataz, donde confluyen factores económicos, sociales y de seguridad.
En este contexto, el nuevo Plan de Desarrollo Integral impulsado por la PCM busca abordar las causas de fondo del problema, promoviendo alternativas económicas legales y fortaleciendo la presencia del Estado. La iniciativa representa un intento por pasar de una estrategia centrada en la interdicción a un enfoque integral que permita transformar sosteniblemente la provincia.
En estado de emergencia
El Gobierno prorrogó en abril de este año el estado de emergencia que rige en las provincias de Pataz, Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, así como en 179 distritos de 21 regiones del país.
En el caso de Pataz, ubicada en la región La Libertad, la medida apunta a fortalecer la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal.
Por ello, se mantendrá también la inmovilización social obligatoria en el distrito del mismo nombre, entre las 22:00 y las 05:00 horas.
Durante la prórroga de la emergencia, las Fuerzas Armadas (FF. AA.) mantendrán el control del orden interno con apoyo de la Policía Nacional del Perú.
Además, continuará restringido o suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.