Editorial
“[...] cuando la democracia también se pone a prueba en las urnas, la capacidad de respuesta frente a la adversidad se convierte en una muestra concreta de la fortaleza del Estado [...]”.
La democracia se fortalece cuando el Estado demuestra que puede responder simultáneamente a ambos desafíos: garantizar un proceso electoral impecable y, al mismo tiempo, proteger a su población frente a las emergencias que amenazan su seguridad y su sustento.
En esa línea, el Poder Ejecutivo acaba de disponer la prórroga por 60 días calendario del Estado de Emergencia en 179 distritos de 21 departamentos del país, medida que entró en vigencia el último 6 de abril. La decisión responde al peligro inminente ocasionado por las lluvias intensas que afectan a localidades de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
La continuidad de esta declaratoria permitirá que los gobiernos regionales y locales refuercen, con el respaldo del Gobierno, la ejecución de medidas urgentes orientadas a reducir riesgos y atender de manera oportuna a la población afectada. En esta tarea participan de manera articulada sectores como Salud, Educación, Desarrollo Agrario, Vivienda, Transportes, Defensa, Interior, Energía y Minas, que trabajan de forma coordinada para disponer las acciones de respuesta.
Otra labor igualmente decisiva es la que vienen desplegando las Fuerzas Armadas, que han ejecutado 656 intervenciones frente a huaicos y desbordes de ríos. Este esfuerzo ha implicado la movilización de 9,911 efectivos militares, la realización de 19 misiones aéreas, 815 acciones de transporte terrestre, el empleo de 407 equipos de ingeniería y el uso de seis embarcaciones.
La asistencia directa a las familias damnificadas constituye otro componente fundamental de la respuesta. Desde el 20 de marzo del 2026, el Instituto Nacional de Defensa Civil ha movilizado 226.82 toneladas de bienes de ayuda humanitaria hacia distintas regiones afectadas por las lluvias intensas. De ese total, 32.2 toneladas corresponden a alimentos y 194.62 toneladas a bienes no alimentarios, distribuidos para asistir a familias damnificadas y afectadas.
Las emergencias climáticas recuerdan, una vez más, que el país necesita instituciones activas y una ciudadanía consciente de su responsabilidad. Prevenir y actuar con rapidez no es solo tarea de las autoridades, sino también un compromiso nacional. En momentos como estos, cuando la democracia también se pone a prueba en las urnas, la capacidad de respuesta frente a la adversidad se convierte en una muestra concreta de la fortaleza del Estado y de la voluntad del país de no dejar a nadie atrás.