Gobierno declara en emergencia a 15 distritos de Cajamarca por minería ilegal y violencia
Así lo dispone el Decreto Supremo N.º 052-2026-PCM publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano y que precisa que durante la vigencia de la medida, la Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.
¿Qué distritos fueron declarados en emergencia?
Las jurisdicciones que son comprendidas en la declaratoria de emergencia son: La Encañada y Chetilla de la provincia de Cajamarca; Cachachi, de la provincia de Cajabamba; Sorochuco y Huasmin, en Celendín.
Asimismo, Contumazá, provincia del mismo nombre; Chalamarca, en Chota; Hualgayoc, Chugur y Bambamarca, provincia de Hualgayoc; San Ignacio y San José de Lourdes, provincia de San Ignacio; Gregorio Pita, provincia de San Marcos.
De acuerdo al decreto supremo, la intervención se sustenta en informes policiales que advierten una creciente presencia de organizaciones criminales vinculadas a la minería ilegal, así como delitos como extorsión, sicariato y tráfico de insumos.
El decreto establece que las operaciones de las fuerzas del orden se desarrollarán en base a inteligencia, mapas del delito y análisis estadísticos, con el objetivo de reducir significativamente la criminalidad en estas zonas.
Como parte del estado de emergencia, se podrán restringir o suspender derechos constitucionales como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal. Asimismo, las actividades públicas masivas deberán contar con autorización previa de las autoridades.
Estrategia integral y comités
La norma dispone la creación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), encargado de liderar las acciones conjuntas entre la Policía, las Fuerzas Armadas, autoridades regionales, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Este comando contará con el apoyo de cuatro comités especializados: Comité de Coordinación Distrital (CCD): ejecutará patrullajes y operativos en territorio, Comité de Inteligencia (CI): generará información estratégica y empleará tecnología como drones y sistemas de videovigilancia, Comité de Fiscalización (CF): supervisará rutas, insumos y actividades vinculadas a la minería ilegal; y Comité de Comunicación Estratégica (CCE): informará oficialmente sobre los resultados de las intervenciones.
Además, se declara en sesión permanente a los comités de seguridad ciudadana regionales y provinciales para asegurar la articulación de las acciones.
Medidas operativas
Entre las principales acciones previstas destacan: Patrullaje permanente a pie y motorizado en zonas críticas, control de identidad en vías públicas, viviendas y transporte, decomiso de armas, explosivos y materiales ilegales.
También, fiscalización de rutas utilizadas por la minería ilegal, uso de drones con cámaras térmicas para detectar campamentos clandestinos; y coordinación con entidades como el Ministerio de Energía y Minas para verificar la formalidad de operaciones mineras.
Asimismo, se contempla la articulación con autoridades de Ecuador debido a la presencia de ciudadanos extranjeros en actividades ilegales.
Financiamiento y evaluación
Las acciones serán financiadas con recursos de las entidades involucradas, con posibilidad de asignaciones adicionales del Ministerio de Economía y Finanzas. Al término del estado de emergencia, el CCO deberá presentar un informe detallado de resultados al Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial.
Con esta medida, el Ejecutivo busca restablecer el orden interno y frenar el avance de la minería ilegal en una de las regiones más afectadas del país.
La norma lleva la firma del presidente de la República, José María Balcázar Zelada; y es refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez; y por los ministros de Ambiente, Nelly Paredes del Castillo; Defensa, Carlos Díaz Dañino; de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas; Energía y Minas, Waldir Ayasta Mechán; Interior, José Zapata Morante; Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez Borra; Relaciones Exteriores, Hugo de Zela Martínez; y Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera.
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