Editorial
En un país donde las brechas de infraestructura siguen condicionando el desarrollo territorial, esta decisión apunta a un problema estructural largamente diagnosticado: obras inconclusas que inmovilizan recursos, frustran expectativas ciudadanas y erosionan la confianza en el Estado.
La lógica es sencilla, pero potente. Cada hospital sin equipar, cada carretera a medio construir o cada colegio que no abre sus puertas representa no solo una inversión detenida, sino también una oportunidad perdida para mejorar la calidad de vida de miles de peruanos.
Por ello, concentrar esfuerzos en proyectos con alto nivel de avance permite obtener resultados concretos en plazos más cortos, activar servicios esenciales y, al mismo tiempo, dinamizar las economías locales.
En esa línea, la redistribución de recursos hacia gobiernos regionales y locales constituye una medida pertinente. La descentralización de la ejecución puede contribuir a acelerar procesos, siempre que vaya acompañada de asistencia técnica y mecanismos eficaces de supervisión.
No basta con transferir fondos: se requiere fortalecer capacidades de gestión para asegurar que cada sol asignado se traduzca en obras concluidas y funcionales.
Asimismo, el impulso a mecanismos como las Obras por Impuestos y las Asociaciones Público-Privadas evidencia una comprensión más realista de las limitaciones fiscales del Estado. La inversión privada, bien canalizada, puede ser un aliado decisivo en el cierre de brechas.
El incremento significativo en las adjudicaciones bajo estos esquemas durante el primer trimestre confirma que existe espacio para ampliar su alcance, siempre bajo reglas claras, transparencia y adecuada supervisión.
El eventual crédito suplementario que evalúa el Ejecutivo, condicionado a la actualización del marco macroeconómico, abre también una ventana de oportunidad. La clave estará en mantener el equilibrio fiscal sin renunciar a la inversión estratégica. El crecimiento de los ingresos públicos y la recuperación sostenida de la inversión son señales alentadoras, pero su impacto dependerá de la calidad del gasto y de la capacidad de ejecución.
El desafío, en suma, no es solo invertir más, sino también invertir mejor. Priorizar la culminación de obras no debería ser una medida coyuntural, sino una política sostenida que marque un cambio en la cultura de la gestión pública. Solo así será posible pasar de la promesa de infraestructura a su efectiva puesta en servicio.
En un contexto de demandas sociales crecientes y limitaciones presupuestales, el camino propuesto por el Ejecutivo parece correcto. Ahora corresponde asegurar que esta estrategia se traduzca en resultados tangibles, visibles y sostenibles. Porque, en última instancia, el desarrollo no se mide en presupuestos asignados, sino en obras que funcionan y transforman la vida de las personas.