Editorial
[...] El voto de investidura no representa un cheque en blanco. Implica, más bien, una responsabilidad compartida para cumplir los compromisos asumidos y responder a las expectativas ciudadanas.”
En respuesta a este contexto, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, ha señalado que la Política General de Gobierno se sustenta en tres ejes prioritarios: seguridad ciudadana, continuidad económica y transición democrática. Se trata de una definición que recoge las principales demandas de la ciudadanía y que busca orientar la acción del Estado en un periodo decisivo.
En primer lugar, resulta significativo que el jefe del Gabinete haya reafirmado que la recuperación de la seguridad constituye la principal prioridad del Gobierno, en línea con la preocupación de los peruanos. Este enfoque reconoce la urgencia de enfrentar con mayor eficacia la delincuencia. La implementación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y lucha contra la Criminalidad 2026-2028 deberá traducirse en acciones concretas, con una articulación más estrecha entre las instituciones y una respuesta más efectiva en el territorio.
En cuanto al segundo eje, el énfasis en la estabilidad y el orden económico apunta a preservar uno de los principales activos del país. En un contexto que exige responsabilidad y prudencia, mantener el dinamismo económico es fundamental para sostener la inversión y el empleo. La proyección de crecimiento de 3.2% para el 2026, junto con reservas internacionales equivalentes al 28% del PBI y una meta de déficit fiscal de 1.8%, reflejan una orientación clara hacia la sostenibilidad y la confianza en el manejo económico.
Respecto al tercer eje, asegurar una transición política ordenada es clave para preservar la estabilidad institucional en esta etapa. El compromiso del Ejecutivo con la democracia y el diálogo político resulta esencial para garantizar un proceso sin sobresaltos, con respeto a las reglas y con la certeza que el Perú necesita para cerrar este ciclo de gobierno de manera adecuada.
El otorgamiento de la confianza por parte del Congreso constituye, en ese sentido, un acto de responsabilidad con el país, pues en un escenario crucial como este, lo que corresponde es evitar nuevos episodios de incertidumbre y contribuir a generar condiciones de estabilidad y gobernabilidad.
Sin embargo, el voto de investidura no representa un cheque en blanco. Implica, más bien, una responsabilidad compartida para cumplir los compromisos asumidos y responder a las expectativas ciudadanas. Corresponde ahora que el Ejecutivo, el Congreso y las demás instituciones del Estado asuman el mensaje que ha transmitido la ciudadanía y actúen con sentido de urgencia para generar resultados concretos que fortalezcan la confianza y el rumbo del país.