Editorial
“El Estado de derecho debe prevalecer frente al crimen, y la democracia debe afirmarse sobre la base del orden y la seguridad”.
En esa línea, las acciones realizadas por el Gobierno en dos meses de gestión dan cuenta de un despliegue orientado a recuperar el control frente al crimen. A escala nacional se han ejecutado más de 190,000 operativos policiales, combinando presencia en el territorio con labores de inteligencia, lo que evidencia un enfoque más integral. Este esfuerzo se ha complementado con la incautación de más de 235,000 unidades de material explosivo, un golpe significativo contra organizaciones vinculadas con la minería ilegal y el sicariato.
Asimismo, el control en zonas de frontera ha permitido interceptar mercancía de contrabando valorizada en más de 115 millones de soles, afectando circuitos ilegales que perjudican la economía formal y alimentan redes delictivas.
Un hecho significativo ha sido la incorporación excepcional de más de 5,600 nuevos efectivos egresados de las Escuelas de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú, que se integraron en marzo último a las labores operativas en todo el país, contribuyendo a fortalecer la capacidad de respuesta frente a la delincuencia.
Todo este despliegue se ha ejecutado sobre la base del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, que ha hecho posible articular una respuesta más estructurada frente a delitos como la extorsión, el sicariato y el robo. Adicionalmente, el Poder Ejecutivo ha avanzado en medidas específicas como la puesta en marcha del Subsistema contra la Extorsión y la implementación del fondo de reparación para víctimas (Foreset), orientadas a atender de manera más directa los efectos de la criminalidad.
La estrategia del Gobierno y de las instituciones apunta, en esencia, a recuperar el control del territorio y devolver a la ciudadanía la tranquilidad que demanda. El objetivo no es otro que contener el avance de la delincuencia y restablecer condiciones básicas para la convivencia social y el desarrollo económico.
En esa dirección, resulta fundamental que estos esfuerzos se consoliden y se traduzcan en una reducción de los indicadores delictivos, respondiendo así a la expectativa ciudadana de un punto de inflexión frente a la inseguridad.
El Estado de derecho debe prevalecer frente al crimen, y la democracia debe afirmarse sobre la base del orden y la seguridad. Para ello, se requiere no solo del compromiso de las autoridades, sino también de la unidad de todos los sectores. Enfrentar este desafío es una tarea compartida que exige una voluntad firme de no ceder ante quienes pretenden socavar la tranquilidad del país.