Editorial
“En un momento decisivo para el rumbo del país, consolidar la electrificación rural como política de Estado no solo responde a una necesidad técnica, sino también a un imperativo de justicia social”.
En las últimas décadas, el Perú ha dado un salto sustantivo. A inicios de los años noventa, poco más de la mitad de la población contaba con acceso a electricidad; hoy la cobertura alcanza cerca del 97%. Este progreso es innegable. No obstante, detrás de esa cifra subsisten desafíos importantes, especialmente en las zonas altoandinas y en la Amazonía. En regiones como Loreto, numerosas comunidades ribereñas aún enfrentan limitaciones para acceder al servicio eléctrico, lo que condiciona su desarrollo social y productivo.
Frente a esta realidad, el Estado impulsa alternativas innovadoras, basadas en energías renovables no convencionales y esquemas de generación a pequeña escala. Estas soluciones buscan llevar electricidad de manera sostenible a zonas aisladas, adaptándose a sus condiciones geográficas y permitiendo cerrar brechas históricas en territorios donde la extensión de redes tradicionales resulta compleja.
En ese marco, el Ministerio de Energía y Minas ha trazado una meta concreta: alcanzar el 90.2% de cobertura eléctrica en zonas rurales hacia julio del 2026. Para ello, continúa la ejecución del Plan Nacional de Electrificación Rural, orientado a ampliar el acceso en centros poblados alejados y de frontera. Como parte de este esfuerzo, se prevé la culminación de ocho proyectos de electrificación rural, con una inversión de 232 millones de soles en las regiones de Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, Moquegua y Puno, lo que beneficia a cerca de 47,000 ciudadanos.
La expansión de estas soluciones energéticas permitirá integrar de manera más efectiva al Perú profundo, generando condiciones básicas para el desarrollo de miles de familias que durante años han permanecido al margen de los servicios esenciales.
Porque la energía es mucho más que electricidad. Es una condición para el desarrollo, un factor de seguridad y una herramienta de inclusión social. Sin acceso a ella, se limitan las oportunidades en salud, educación y producción. Garantizar su disponibilidad, en última instancia, es abrir camino a una mayor equidad y a la construcción de un país más integrado.
Alcanzar y superar la meta trazada requiere del compromiso de todos los sectores. En un momento decisivo para el rumbo del país, consolidar la electrificación rural como política de Estado no solo responde a una necesidad técnica, sino también a un imperativo de justicia social. Llevar energía a cada rincón del territorio es, también, llevar oportunidades y dignidad a todos los peruanos.