Editorial
Las cifras expuestas no son menores. Más de 24,000 operativos ejecutados en apenas una semana dan cuenta de un despliegue intensivo de la Policía Nacional, orientado a recuperar el control territorial en zonas con alta incidencia delictiva. La captura de más de 5,800 personas, incluyendo requisitoriados, refleja no solo una acción reactiva, sino también un trabajo articulado con sistemas de inteligencia y bases de datos judiciales. Este tipo de resultados, cuando se sostienen en el tiempo, pueden contribuir a reducir la percepción de impunidad que alimenta el ciclo delictivo.
Particularmente relevante es el golpe asestado contra el crimen organizado. La desarticulación de organizaciones criminales y centenas de bandas delictivas evidencia un enfoque que trasciende la intervención puntual para apuntar a las estructuras que sostienen economías ilegales como la extorsión, el sicariato o el tráfico de drogas. En ciudades como Lima, donde estas dinámicas se han expandido con rapidez, la neutralización de agrupaciones específicas –como las dedicadas a extorsionar transportistas o comerciantes– tiene un efecto inmediato en la protección de actividades económicas vulnerables.
A ello se suma la incautación de armas de fuego, vehículos robados, drogas y material explosivo. Este último punto resulta especialmente sensible en un contexto donde el uso de explosivos ha comenzado a formar parte de las estrategias de intimidación de algunas organizaciones criminales. La recuperación de estos materiales no solo evita delitos, sino también previene escenarios de violencia de mayor escala.
Sin embargo, más allá de los números, el desafío radica en la sostenibilidad de estas acciones. La experiencia reciente en el Perú muestra que los picos operativos, aunque necesarios, no siempre se traducen en mejoras estructurales si no están acompañados de políticas integrales. La presencia policial en las calles debe articularse con estrategias de prevención, fortalecimiento del sistema judicial y políticas sociales que atiendan las causas subyacentes de la criminalidad.
En esa línea, el énfasis del Ministerio del Interior en intensificar las labores de inteligencia es una señal positiva. Golpear a las organizaciones en su núcleo —financiamiento, liderazgo y redes logísticas— resulta más efectivo que limitarse a intervenciones de corto alcance. Pero ello exige continuidad, coordinación interinstitucional y una evaluación de resultados.
El país enfrenta un momento crítico en materia de seguridad. Los avances reportados constituyen un paso importante, pero insuficiente si no se consolidan como parte de una estrategia de Estado. Recuperar la tranquilidad no es solo una meta operativa, es también una condición indispensable para el desarrollo, la inversión y la convivencia democrática.