Opinión
Decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura
Este escenario evidencia una transformación del orden internacional que, durante décadas, se estructuró sobre reglas del derecho internacional público, consolidadas tras la Segunda Guerra Mundial. Hoy, ese orden está tensionado por diversos factores: el auge de discursos populistas que cuestionan el multilateralismo, las crisis migratorias que debilitan la protección de derechos, los conflictos de base religiosa o identitaria en los que se rechaza la diversidad, y las crisis institucionales internas –como las vividas en el Perú– que erosionan la legitimidad democrática. Se suma la parálisis de mecanismos clave de solución de controversias, como los de la Organización Mundial del Comercio y la creciente ideologización de las relaciones internacionales.
Además, existe una variable central: gran parte de este proceso está impulsado por la competencia estructural entre Estados Unidos y China. Las tensiones en torno al control de rutas marítimas, cadenas de suministro e infraestructuras estratégicas responden a esta rivalidad sistémica. No son conflictos aislados, sino manifestaciones de un cambio en la distribución del poder global. En este contexto, las decisiones de estas potencias reconfiguran las reglas del sistema internacional.
El Perú no es ajeno a esta dinámica. Su creciente vinculación económica con China y su relación histórica con Estados Unidos lo sitúan en una posición relevante en América Latina. Sectores estratégicos como la minería, el comercio exterior y la infraestructura están directamente conectados con estos actores. Por ello, las tensiones entre ambas potencias inciden en los márgenes de decisión y en la política exterior del país. Incluso como Estado de menor peso relativo, el Perú tiene un rol que desempeñar.
En este contexto, algunos sostienen que asistimos al agotamiento del orden internacional. Sin embargo, esta conclusión es apresurada. La crisis no implica la desaparición del derecho internacional, sino que evidencia sus límites y su necesidad. Incluso en escenarios de confrontación, los Estados continúan apelando a argumentos jurídicos para justificar sus acciones, lo que demuestra que las normas continúan siendo un marco de legitimidad.
Los conflictos recientes han generado, incluso, un efecto de refuerzo del sistema. La guerra en Ucrania ha impulsado la consolidación de alianzas como la Organización del Tratado del Atlántico Norte y ha fortalecido la cohesión de la Unión Europea. Asimismo, se han intensificado alianzas entre países del sur global. Este efecto rebote sugiere que el derecho internacional continúa siendo el referente estructural del sistema, aunque con limitaciones en su eficacia.
El problema, entonces, no es la existencia del derecho internacional, sino la debilidad de sus mecanismos de cumplimiento. Frente a situaciones como el cierre de rutas marítimas, no corresponde abandonar el sistema, sino exigir la aplicación de normas sobre libertad de navegación y comercio, así como activar los mecanismos de solución pacífica de controversias.
Desde esta perspectiva, el Perú no puede considerarse marginal. Su inserción en la economía global y su dependencia del comercio lo hacen vulnerable a estas dinámicas. Además, su posición en un escenario de competencia entre potencias exige una política exterior coherente, capaz de equilibrar intereses y preservar su autonomía.
En consecuencia, el contexto actual no exige menos derecho internacional, sino más. La respuesta a la crisis no es la retirada, sino el fortalecimiento del sistema. Solo mediante reglas comunes y mecanismos eficaces será posible sostener un orden internacional que contenga el conflicto. En definitiva, en los momentos de mayor tensión es cuando las normas adquieren mayor relevancia y cuando incluso Estados como el Perú están llamados a desempeñar un papel activo en su defensa.