Política
La ceremonia de presentación fue liderada por el viceministro de Orden Interno, Juan Olivera, quien enfatizó que este plan representa un cambio importante al abordar la minería ilegal no solo como un problema ambiental, sino como una estructura compleja del crimen organizado que atenta contra la seguridad nacional y la economía del país.
Como parte de esta política de transparencia y gestión pública, se presentó una versión amigable del documento, diseñada específicamente para facilitar su acceso, comprensión y consulta por parte de todos los ciudadanos y actores sociales involucrados.
Esta nueva estrategia, ratificada bajo el Decreto Supremo N.° 03-2025-IN, promueve la participación coordinada de 17 instituciones públicas, las cuales trabajarán de forma conjunta para intervenir en cuatro fases críticas del ciclo delictivo. Este esfuerzo multisectorial permite superar la fragmentación de esfuerzos observada desde 2014, logrando que la presencia del Estado sea sostenida y no solo reactiva.
En el marco de este despliegue articulado, se resaltaron hitos operativos recientes como la consolidación del control estatal en zonas críticas, específicamente en Pataz, y la creación de centros de control multisectorial que facilitan la vigilancia en tiempo real.
Además, el sector Interior ha fortalecido las herramientas legales de esta coalición institucional a través del Decreto Legislativo N.° 1695, el cual refuerza el marco penal, asegurando que el trabajo de inteligencia policial se complemente eficazmente con la sanción judicial, cerrando el paso a la impunidad en delitos conexos. Finalmente, el viceministro Olivera reafirmó que el mensaje para las mafias es de absoluta firmeza, garantizando que el Estado peruano ahora actúa como un solo bloque articulado: “El mensaje para las organizaciones criminales es claro, el Estado peruano está presente y decidido a enfrentar la minería ilegal en toda su dimensión”.
Entre enero y febrero del presente año, el Gobierno nacional ejecutó 243 operativos contra la minería ilegal a nivel nacional. Las intervenciones permitieron incautar y destruir bienes e insumos utilizados en esta actividad criminal, valorizados en aproximadamente 386 millones de soles.
De acuerdo con el balance de las acciones de interdicción, Madre de Dios concentra el mayor monto de bienes intervenidos, con más de 251 millones de soles y 123 operativos realizados en ese periodo.