Editorial
“Solo con voluntad política y compromiso colectivo será posible avanzar en las metas trazadas y construir un futuro más próspero, inclusivo y sostenible para todos.”
Cada objetivo respondió a desafíos urgentes y largamente postergados. El primero, poner fin a la pobreza en todas sus formas, continúa siendo una de las mayores deudas de la humanidad. En el 2015, cerca de 736 millones de personas subsistían con menos de 1.90 dólares al día, mientras millones carecían de acceso a agua potable, saneamiento y servicios esenciales.
El segundo objetivo, hambre cero, también mantiene plena vigencia. Aunque se registraron avances, la inseguridad alimentaria y la malnutrición persisten como graves obstáculos para el desarrollo. Hacia el 2017, alrededor de 821 millones de personas padecían desnutrición crónica en el mundo. Similar panorama enfrentan los demás objetivos, entre ellos salud y bienestar, donde las brechas en cobertura sanitaria siguen afectando a millones de personas en el planeta.
A solo cuatro años del plazo fijado, resulta pertinente la iniciativa planteada recientemente por el Perú en el Foro sobre Financiación para el Desarrollo 2026 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, realizado en Nueva York. Nuestro país ha puesto sobre la mesa una verdad ineludible: sin financiamiento suficiente y eficaz, los Objetivos de Desarrollo Sostenible difícilmente podrán materializarse.
La representación peruana ha señalado claramente que la financiación no es un aspecto accesorio, sino el motor que permite traducir los compromisos en políticas públicas, obras, servicios e inversiones que mejoren efectivamente la calidad de vida de la población. Acceso a salud, educación, infraestructura, agua potable y oportunidades productivas dependen, en gran medida, de la capacidad de movilizar recursos hacia las prioridades que demanda el desarrollo.
En línea con esta propuesta, también es destacable que el Perú haya ratificado su compromiso de impulsar, en los años que restan hacia el 2030, una financiación más efectiva orientada a los sectores vulnerables. Se trata de una responsabilidad que deberá ser asumida con firmeza y continuidad por el gobierno que iniciará funciones el próximo 28 de julio.
La Agenda 2030 exige una responsabilidad compartida. Gobiernos, organismos internacionales, sector privado, academia, sociedad civil y ciudadanía deben actuar con decisión. El tiempo apremia. Solo con voluntad política y compromiso colectivo será posible avanzar en las metas trazadas y construir un futuro más próspero, inclusivo y sostenible para todos.