Durante los primeros meses del 2026, Perú ha vuelto a enfrentar una realidad que se repite con creciente intensidad: lluvias torrenciales, huaicos e inundaciones que afectan infraestructura, interrumpen vías y ponen en riesgo a millones de personas. Según el Cenepred (1), existen 1,485 zonas críticas por movimientos en masa a escala nacional, con departamentos como Lima (237), Cajamarca (168), Áncash (123) y Arequipa (121) entre los más afectados. Se cuenta, además, con 3,131 lugares expuestos a inundaciones críticas (2). Sin embargo, esta no es solo una emergencia territorial: es un problema que también afecta a las organizaciones de trabajo.
¿Están las empresas peruanas en condiciones de resguardar a sus trabajadores frente a eventos naturales adversos? Dada la evidencia científica disponible –proveniente de organismos nacionales como el Senamhi (3), el Ingemmet (4) y el Cenepred; así como de entidades internacionales como el IPCC (5) y la OMM (6)–, es posible prever estos fenómenos con un grado razonable de certeza y en términos generales. En ese marco, la preparación empresarial no solo responde a la buena práctica, sino que se alinea con las exigencias de la normativa.
Sobre ello, la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece la obligación del empleador de garantizar condiciones de trabajo seguras, adoptando las medidas necesarias para prevenir situaciones que puedan afectar la vida o la salud de los trabajadores. Su reglamento (Decreto Supremo N.° 005-2012-TR) exige que las organizaciones cuenten con planes de preparación y respuesta ante emergencias que contemplen procedimientos frente a eventos que puedan generar riesgos graves.
El desafío no suele ser la ausencia de un plan de emergencia, sino asegurar que este sea realmente operativo. Un plan genérico, pensado únicamente para sismos o incendios, no responde a la realidad climática de las zonas, donde muchas empresas operan. La preparación efectiva exige medidas concretas: planes de emergencia específicos que identifiquen escenarios críticos como activación de quebradas, desbordes e interrupción de accesos; sistemas de monitoreo y alerta temprana; brigadas de emergencia con roles definidos y capacitación específica ante riesgos climáticos; simulacros realistas que incorporen escenarios de huaico o inundación; y, de ser necesario, medidas organizativas razonables como la suspensión de labores, el teletrabajo temporal o la reprogramación de actividades cuando las condiciones de desplazamiento representen un peligro.
Este enfoque no es exclusivo del ordenamiento peruano. Las directrices de la OIT (7) y los informes del IPCC y la OMM han puesto de relieve la necesidad de que las políticas de prevención de riesgos laborales incorporen los efectos del cambio climático como variables relevantes. La tendencia global apunta a que la gestión del riesgo climático se integre plenamente en la Seguridad y Salud en el Trabajo, dejando de ser un asunto exclusivamente ambiental o de protección civil.
En conclusión, los fenómenos climáticos extremos constituyen una realidad cada vez más recurrente y respaldada por evidencia científica. Frente a ello, contar con planes de emergencia claros, actualizados y debidamente difundidos, así como implementar capacitaciones y simulacros periódicos, no solo resulta razonable, sino indispensable. En ese sentido, la preparación frente a estos escenarios trasciende la mera gestión operativa y se configura como parte inherente de la gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
(1) Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
(2) Enlace: https://sigrid.cenepred.gob.pe/sigridv3/documento/19909
(3) Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú
(4) Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico
(5) Intergovernmental Panel on Climate Change
(6) Organización Meteorológica Mundial
(7) Organización Internacional del Trabajo
