En el actual escenario electoral, han reaparecido cuestionamientos dirigidos a candidaturas que, en apariencia, giran en torno a la falta de credenciales académicas o experiencia técnica. A primera vista, se trataría de una discusión legítima. No obstante, una mirada más detenida permite advertir un patrón menos evidente, pero profundamente arraigado en la sociedad peruana.
El problema no radica en evaluar la preparación de quienes buscan gobernar, sino en la selectividad de ese juicio. En contextos marcados por profundas desigualdades estructurales, la noción de meritocracia puede convertirse -sin declararlo abiertamente- en un mecanismo de exclusión. No porque el mérito carezca de valor, sino porque su medición no es uniforme. Se vuelve más exigente, más severa y, en ocasiones, más implacable cuando recae sobre determinados perfiles, mientras que en otros casos esas mismas exigencias se relativizan o desaparecen.
Así, factores como el origen social, la procedencia geográfica, el color de piel o, incluso, el modo de hablar se entrelazan con los cuestionamientos supuestamente formales, configurando un filtro invisible que busca condicionar la percepción pública. No se trata de un racismo explícito, sino de uno más sutil, que opera a través de códigos socialmente aceptados y que encuentra en el lenguaje de la idoneidad un vehículo eficaz para manifestarse.
Este fenómeno no es nuevo. La elección de 2021 evidenció con claridad la persistencia de una fractura social que atraviesa al país y que se activa con particular intensidad en momentos de competencia política. Lo que hoy se observa muestra la continuidad de un reflejo colectivo no resuelto.
Conviene, por ello, introducir una distinción necesaria. No todo cuestionamiento es racista, pero tampoco todo cuestionamiento es neutral. Cuando los criterios de evaluación coinciden de manera sistemática con marcadores sociales específicos, la discusión deja de ser exclusivamente técnica y se inscribe en un terreno más complejo, donde operan prejuicios históricos y una discriminación que rara vez se reconocen como tales.
Una democracia saludable no solo debe garantizar la participación de diversas voces, sino también asegurar que estas sean evaluadas bajo parámetros consistentes. De lo contrario, el sistema de representación corre el riesgo de empobrecerse, no por falta de opciones, sino por los sesgos con los que se las juzga.
El desafío, entonces, no es renunciar a la exigencia de idoneidad, sino someterla a un ejercicio de coherencia. Solo así será posible construir un espacio en el que la evaluación política no esté condicionada por prejuicios, sino orientada por criterios equitativos.
