Día del Trabajador: retos del Congreso bicameral en legislación laboral
En esta jornada especial, los abogados Jorge Acevedo y César Puntriano analizan las prioridades normativas que deberá atender el Parlamento que asumirá en julio para impulsar, por ejemplo, la formalidad en el empleo y generar estabilidad jurídica.
Percy Buendia Quijandría
Periodista
pbuendia@editoraperu.com.pe
En el presente, ya específicamente en Perú, los tiempos se vinculan, entre otros aspectos, con las expectativas sobre el desempeño de los próximos integrantes del Congreso bicameral, que asumirán sus curules en julio próximo, respecto a la aprobación o modificación de la legislación laboral.
Papel
Para el abogado César Puntriano Rosas, si bien se afirma que es al Poder Ejecutivo al que le corresponde generar empleo formal y reducir la informalidad, “no es menos cierto que el Parlamento juega un papel relevante en este ámbito”.
“En materia laboral y de generación de empleo corresponde al Poder Legislativo definir reglas de juego y generar un marco legal adecuado que permita al Gobierno implementar las reformas de fondo. La calidad es más importante que la cantidad”, recalca.
El especialista señala que en un país como Perú, con alta informalidad, el rol del Congreso no es accesorio, “es fundamental que apruebe normas con sustento técnico y no populista, como ha estado ocurriendo en los últimos tiempos, y efectúe una real evaluación del análisis costo-beneficio de su producción legislativa”.
“Es perjudicial para los trabajadores que se les habilite la disposición de sus fondos de contingencia para cubrir gastos corrientes, como lo ocurrido con los sucesivos retiros de los fondos AFP, o de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), ya que cuando se presente la necesidad (vejez, desempleo) carecerán de protección. Y el Parlamento saliente no lo entendió”, expresa.
El socio principal en el estudio Muñiz remarca que el país necesita estabilidad jurídica y no incertidumbre. “La inseguridad jurídica genera un círculo vicioso: menos inversión y, por ende, menos crecimiento, más informalidad, menor recaudación tributaria, instituciones más débiles y como consecuencia más inseguridad. El Congreso debe apuntar a generar estabilidad jurídica”, subraya.
“De ser necesario, el nuevo Parlamento deberá delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo y evitar bloquear iniciativas que cuenten con sustento técnico. Las diferencias políticas no pueden primar sobre el futuro de los trabajadores”, declaró al Diario Oficial El Peruano.
Informalidad
A su turno, el socio principal en Benites Vargas & Ugaz Abogados, Jorge Luis Acevedo Mercado, sostiene que en materia de política de empleo es importante atacar la informalidad laboral en general.
“Es necesario pensar una estrategia, no solo laboral, sino también una multidisciplinaria, para poder atacar este problema de una forma realista. No podemos seguir con un 75 % de informalidad en el mercado”, asevera.
El experto refiere también que los indicadores de empleo de los jóvenes que salen de los colegios y universidades evidencian que no se están colocando o recolocando en el mercado laboral. “Si bien, felizmente, hemos crecido en materia de empleo, al recuperar las cifras de prepandemia por primera vez el año pasado, subió el desempleo entre los jóvenes”, alerta.
“Ese sector es el que necesita una legislación para que se incorporen al mercado de trabajo lo más pronto posible. En esa línea, quizá se debe repensar una ley de promoción de la contratación laboral juvenil con algún incentivo para los empleadores y ver que tenga consenso”, anota.
Acevedo aclara que, evidentemente, es trascendente pensar siempre en la finalidad: que los jóvenes se incorporen más rápido al mercado de trabajo y baje la tasa de desempleo juvenil que se incrementa cada año.
El especialista menciona nuevamente la informalidad, pero desde un tema regulatorio. “Habría que ver la labor de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) que tiene también la función de fiscalizar a los empleadores, pero finalmente siempre se enfoca en los formales y no se orienta a la informalidad”, enfatiza.
“Ahí el rol de la Sunafil debería atacar más a las empresas que no son formales, que a los formales que presentarían ciertas dificultades para cumplir algunas normas; aunque también hay que atacar a ese sector, el empleo que formalmente es adecuado, pero que en la realidad no lo es, sobre todo al totalmente informal”, subraya.
El experto revela que en todo el país es más fácil para la superintendencia enfocarse en los empleadores formales, porque, además, la Sunafil tiene un incentivo que es actuar bajo denuncia.
“Entonces, un trabajador o un sindicato usan mucho a esta entidad, al sistema, para que se atiendan sus demandas lo antes posible, cuando podrían acudir antes al Poder Judicial, pero prefieren ir a la Sunafil. Ese tiempo que se destina en atender denuncias hace que esta institución no pueda concentrarse en impulsar programas de formalización del empleo en aquellos sectores donde la informalidad es total”, explica.
Inspecciones
Acevedo plantea revisar la Ley General de Inspecciones y ver la naturaleza de la medida de requerimiento, “porque, actualmente, está siendo mal utilizada en muchos casos. Hay que revisar esa función de la Sunafil, porque además de la multa que te pueden aplicar por incumplir una obligación, si tú desobedeces la medida de requerimiento que te dice que cumplas, te imponen otra sanción económica”.
El abogado considera clave analizar en qué casos será razonable establecer las medidas de requerimiento y en qué casos no, pero es otro punto para verificar.
“En materia de inspecciones también hay que delimitar cuáles son las competencias de Sunafil y del Poder Judicial, porque recientemente hubo sentencias de la Corte Suprema de Justicia que dicen que la superintendencia no puede ordenar a un empleador incorporar en su planilla a trabajadores a plazo permanente, que esa orden solo puede provenir del Poder Judicial”, rememora.
Para el letrado, existe un conflicto de competencias entre las dos instituciones respecto a la desnaturalización de los contratos de trabajo a plazo fijo y la consecuencia de esta situación. “Una ley puede precisar quién tiene la competencia en la materia y también si es que la Sunafil podría ingresar a analizar un despido”, detalla.
“Es una labor que nunca la hizo, pero hace poco salió un proyecto de directiva de la Sunafil en la cual se establecía que podía disponer la reposición de un trabajador sindicalizado despedido. Ese tipo de cosas sería bueno que se establecieran con claridad en una norma”, puntualiza.
Retiros de AFP
Acevedo afirma que el Poder Legislativo, aunque sea impopular, ya no debería volver a aprobar nuevos retiros de fondos de las AFP. “El Tribunal Constitucional (TC) dijo que la disposición que se dio por pandemia fue excepcional, pero que no debería haber ningún caso en el cual se disponga de un fondo que está destinado para proteger la vejez”, recalca.
“Nadie piensa en la vejez, todo el mundo ve el ahora. Y, claro, cuando viene la vejez, ¿qué va a pasar? No habrá protección. La idea es brindarles protección social a todas las personas que actualmente aportan y que puedan disponer de cierta parte de su remuneración para un ahorro forzoso”, expresa.
El letrado resalta la importancia de que el nuevo Congreso no autorice más disposición de los aportes a las AFP, del Sistema Privado de Pensiones. “Felizmente no se aprobó el retiro de los fondos de la seguridad social pública, porque ahí sí habrían trastocado todo el Sistema Nacional de Pensiones”, refiere.
“Esa propuesta no prosperó, porque además era inviable, pero se planteó un proyecto de ley en ese sentido. Ni el Sistema Nacional de Pensiones ni el Sistema Privado de Pensiones se deben tocar, ninguno de esos fondos”, remarca.
CTS
“Tampoco se debe aprobar una nueva libre disponibilidad para la CTS, porque la Compensación por Tiempo de Servicios es un beneficio social que está pensado para sobrellevar el periodo de transición entre el cese en tu empleo y tu nuevo trabajo”, sostiene Acevedo.
El letrado recuerda que ese desfase ahora está durando entre tres y seis meses, y a veces hasta un año o un año y medio, según la calificación de la posición.
“Así que no es muy fácil recolocarse, y para eso justamente está la CTS, para darte ese soporte económico en esos momentos. Si tú dispones de tu CTS cuando estás trabajando, cuando cesas ya no tendrás nada”, advierte.
Para el experto, el populismo legislativo fue la premisa que sustentó la aprobación de estos proyectos en el Congreso saliente. “Creo que eso no debería volver a ocurrir con estas dos nuevas cámaras que tendremos: Diputados y Senado”, afirma.
