• MARTES 5
  • de mayo de 2026

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Suplemento legal Jurídica: 165 años del AGN, memoria viva del Estado y garante de la verdad histórica

El Archivo General de la Nación, la memoria estatal como bien jurídico tutelado.


Editor
Hugo Garma Saavedra

Jefe Institucional del Archivo General de la Nación


El 15 de mayo del 2026, el Archivo General de la Nación (AGN) celebra su 165 aniversario, hito que permite analizar su evolución histórico-jurídica. Más allá de la efeméride, este análisis examina los hitos normativos que consolidaron al AGN como organismo autónomo y ente rector del Sistema Nacional de Archivos (SNA). Bajo esta óptica, la preservación de la memoria histórica se erige como un imperativo estatal y un bien jurídico tutelado, esencial para la continuidad del ordenamiento jurídico y la identidad nacional.

Antecedentes históricos: la documentación pública antes de la República
La custodia documental en Perú no es un fenómeno exclusivo de la etapa republicana. Sus antecedentes se remontan al periodo virreinal, cuando el virrey marqués de Montesclaros (1607-1615) dispuso la organización de la documentación en el Palacio Virreinal. Con el advenimiento de la República, la documentación heredada quedó dispersa y sin custodia institucional adecuada. El incendio del 13 de julio de 1822 en el Ministerio de Guerra evidenció la vulnerabilidad del acervo y la urgente necesidad de una institución estatal destinada a la protección sistemática de la memoria pública.

La creación del Archivo Nacional: el decreto fundacional de 1861
Durante el segundo gobierno del mariscal Ramón Castilla, el 15 de mayo de 1861, se emitió el decreto del Poder Ejecutivo que instituyó el Archivo Nacional. Su propósito fue concentrar y preservar los documentos históricos dispersos en el convento de San Agustín. Esta norma constituyó el primer instrumento jurídico-archivístico de la República peruana, estableciendo el deber del Estado de conservar la memoria como garantía del orden jurídico y de la identidad colectiva (AGN, s.f.). 

Evolución normativa e institucional: de Archivo Nacional a AGN
La transformación normativa más relevante se produjo en 1972 mediante el Decreto Ley N.° 19268, que rebautizó a la institución como Archivo General de la Nación, ampliando sus competencias dentro del aparato estatal. No obstante, el hito jurídico más significativo en su consolidación se alcanzó en 1981, cuando el Decreto Legislativo N.° 120 le otorgó la condición de organismo público descentralizado con autonomía administrativa y presupuestal, dotándola de personería jurídica propia y capacidad normativa a escala nacional. 

El AGN como ente rector del Sistema Nacional de Archivos 
La consolidación plena del AGN como eje vertebrador de la archivística peruana se produjo con la Ley N.° 25323 de 1991, la cual creó el SNA y designó al AGN como su ente rector. Esta ley facultó a la institución para dictar políticas nacionales, supervisar archivos públicos y coordinar niveles regionales y locales. En la actualidad, esta rectoría es fundamental para la transparencia y la mejora de la gestión documentaria en el marco de la modernización del Estado. Asimismo, su adscripción al Ministerio de Cultura mediante la Ley N.° 29565 reforzó la dimensión patrimonial de sus funciones.

El acervo documental y la formación profesional especializada
El AGN custodia aproximadamente 150 millones de documentos que abarcan cinco siglos de historia, tales como el Protocolo Ambulante de los Conquistadores (1533-1542) y expedientes de la Real Audiencia. Complementa esta labor la Escuela Nacional de Archivística (ENA), cuya función es crítica dado que la tendencia actual en la región subraya la importancia de la producción académica y la formación especializada para enfrentar los retos del entorno digital. Además, la institución ha fortalecido su gestión mediante planes técnicos de prevención y reducción de riesgos para asegurar la integridad de este patrimonio ante desastres.

Reflexión final
A 165 años de su fundación, el AGN no es solo un repositorio, sino la memoria viva del Estado. Su trayectoria demuestra que preservar el patrimonio documental es una exigencia del Estado de derecho y la continuidad del ordenamiento jurídico. Honrar esta institución es reafirmar el compromiso con la verdad histórica y la identidad jurídica de la Nación.