Janet Tello resalta esfuerzos de jueces del Perú y Ecuador en la lucha contra la trata de personas
Protocolo de colaboración binacional fortalece el trabajo de los magistrados, afirma presidenta del Poder Judicial.
Ese trabajo, refirió, está fortalecido con el Protocolo de Colaboración entre el Sistema Judicial de Ecuador y Perú para la investigación y judicialización del delito de Trata de Personas, aprobado en el 2021.
“Las juezas y los jueces somos instrumentos para producir cambios que permitan desterrar obstáculos, barreras y dificultades que durante años han mantenido a muchas personas en marginación, discriminación y violencia, sin acceso a la justicia en condiciones de igualdad”, remarcó.
La magistrada formuló estos conceptos durante su discurso por el 25 aniversario de la Corte Superior de Tumbes, jurisdicción adonde llegó acompañada del Consejo Ejecutivo de Poder Judicial (CEPJ) para cumplir una intensa jornada de actividades.
Tello sostuvo que la Corte Superior de Tumbes es uno de los pocos distritos judiciales en el ámbito de la región norte que, de manera denodada y en un esfuerzo conjunto con la administración de justicia ecuatoriana, combate, sobre todo, la trata de personas.
Este flagelo es un delito global en el que son explotadas, a través de la captación, transporte, traslado, mediante amenaza, fraude o engaño, las personas vulnerables con fines lucrativos, situación que afecta principalmente a mujeres y niños.
Tello resaltó también el trabajo de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial del Perú para suscribir el mencionado protocolo de colaboración, tras reuniones entre la Corte de Justicia del Oro, sede Machala (Ecuador), y la Corte de Tumbes.
El principal objetivo de este instrumento fue establecer una adecuada cooperación judicial entre los operadores de justicia, así como de los demás actores intervinientes en el proceso de investigación y judicialización de los delitos de trata en Ecuador y Perú.
El documento permite, asimismo, que las víctimas de trata tengan acceso a la justicia en condiciones de igualdad con los enfoques de derechos humanos, género, de las personas migrantes en las que son claras la condición de vulnerabilidad.
La magistrada recordó la labor del juez ecuatoriano Arturo Márquez Matamoros, que posibilitó la articulación entre ambos sistemas judiciales y dio como resultado el referido documento normativo y que hoy es una realidad.
“Este documento permite la celeridad en los procesos de trata en esta zona fronteriza, especialmente, evitando el abandono y la impunidad en los procesos judiciales contra este delito”, expresó Tello.
