Economía
Las denuncias por minería ilegal en el Ministerio Público se duplicaron de 1,266 a 2,601 entre el 2021 y el 2025.
Estos incrementos fueron todavía más agudos en regiones con alta presencia de dicha actividad ilícita como La Libertad (de 146 a 419), Cajamarca (de 33 a 260) y Madre de Dios (de 245 a 427).
Reportes
Los reportes de operaciones sospechosas (ROS) vinculados con este rubro, realizados ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), alcanzaron 6,036 millones de dólares en el 2025, más de cuatro veces el valor del 2024 (1,407 millones).
Entre el 2016 y el 2025, este monto se octuplicó frente a un crecimiento de solo tres veces en el resto de reportes relacionados con otros delitos.
Esta dinámica responde, en proporción, al alza del precio del oro, que superó los 4,500 dólares por onza en el 2025, y a la limitada capacidad estatal para controlar economías ilegales que incluso se superponen en un mismo territorio. Ello ocurre en zonas como Pataz o Tambopata, donde la minería ilegal convive con el narcotráfico.
El avance de esta actividad ya perjudica inversiones mineras formales por más de 12,000 millones de dólares (Conga y Michiquillay en Cajamarca, Los Chancas y Haquira en Apurímac) y deterioró la competitividad del país. Según el Instituto Fraser, pese a las elevadas cotizaciones de los metales, el Perú pasó de superar al 83% de las jurisdicciones evaluadas en el 2018 a solo el 40% en el 2025.
Tarea
El próximo gobierno enfrentará una minería ilegal consolidada y altamente rentable.
Revertir esta dinámica exige una estrategia integral que combine formalización con plazos creíbles, trazabilidad robusta, fiscalización sostenida, presencia estatal real en territorios capturados y cooperación transfronteriza.
De no avanzar en esa dirección, se consolidará un problema que ya erosiona el fisco, el medioambiente y la competitividad del país.