Editorial
“Proteger los derechos de la niñez y la adolescencia no constituye solo una obligación legal o institucional, sino también una responsabilidad moral y política del Estado.”
En una sociedad marcada aún por profundas desigualdades, la justicia tardía deja de ser justicia. Cuando un proceso de alimentos se prolonga, cuando un régimen de visitas no se resuelve a tiempo o cuando un menor permanece en situación de abandono o desprotección sin respuesta inmediata del Estado, las consecuencias recaen sobre quienes deberían ser la principal prioridad nacional.
En ese contexto, merece ser destacada la gran Campaña de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes impulsada por el Poder Judicial, una acción simultánea que se desarrolla del 5 al 29 de mayo en todas las cortes superiores del país. La iniciativa comprende la entrega masiva de endosos judiciales generados y no cobrados, vinculados principalmente a procesos de alimentos, así como la realización de audiencias rápidas sobre tenencia y régimen de visitas mediante el Expediente Judicial Electrónico.
La campaña incluye además la priorización de casos relacionados con riesgo y desprotección familiar, así como mecanismos de conciliación y oralidad destinados a reducir la conflictividad en el entorno familiar.
Los resultados iniciales reflejan la importancia de este esfuerzo. En los primeros días de la campaña, diversos órganos jurisdiccionales emitieron órdenes por 18 millones 720,966 soles. De ese monto, más de 10 millones corresponden a conceptos laborales, cerca de 6 millones a pensiones de alimentos y más de un millón de soles a reparaciones civiles.
El propio Poder Judicial ha identificado, desde inicios del año, 446 procesos de abandono de menores, 687 de adopción, 363 casos de desprotección familiar y seis relacionados con riesgo de desprotección. Las cifras evidencian una realidad que demanda respuestas inmediatas.
El Poder Judicial es consciente de que mantiene una deuda pendiente con la ciudadanía y que recuperar la confianza pública exige resultados concretos. Precisamente, iniciativas como esta buscan atender una necesidad largamente postergada y demostrar que es posible avanzar hacia una justicia más moderna, articulada y orientada a las personas. En esa tarea, será fundamental también el compromiso de las demás entidades vinculadas al sistema de justicia.
Proteger los derechos de la niñez y la adolescencia no constituye solo una obligación legal o institucional, sino también una responsabilidad moral y política del Estado. Allí se juega, finalmente, la credibilidad de la justicia y la capacidad del país para construir un futuro con mayor equidad y dignidad para todos.