En ese sentido, destacó la sentencia que reconoció al río Marañón y a sus afluentes como titulares de los derechos a existir, a fluir sin contaminación, así como a preservar sus ecosistemas.
“Este caso marca un hito histórico en el derecho ambiental peruano, pues se alinea con la visión indígena de la naturaleza como sujeto de derecho y no solo como recurso, su cosmovisión vista como sistemas vivos esenciales para los pueblos”, remarcó.
Así lo expresó la autoridad judicial peruana en su intervención en el foro internacional Building Climate Resilience Legislation, organizado por la Pontifica Academia de las Ciencias Sociales, en Ciudad del Vaticano.
En su exposición, resaltó, además, la decisión judicial que condenó a los asesinos de cuatro líderes ashéninkas de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto (región Ucayali), quienes defendían sus bosques frente a la tala ilegal y la deforestación de sus tierras.
Resilencia ambiental
Tello Gilardi señaló que, en el Perú, no hay una ley de ‘resiliencia ambiental’, sin embargo, explicó, que este concepto se recoge en normas como la Ley 30754 (Ley Marco sobre Cambio Climático), su reglamento y otros.
Además, mencionó que el Código Penal peruano sanciona como delitos ambientales la contaminación, los daños contra los recursos naturales (minería ilegal) y el incumplimiento de estándares ambientales por responsabilidad funcional.
“En este marco normativo, y conforme a los estándares internacionales que recogen el concepto de resiliencia ambiental, el Poder Judicial está construyendo una justicia ambiental capaz de ofrecer respuestas claras frente a los impactos negativos del cambio climático”, expresó.
En esa línea, destacó también el fallo de la Corte Suprema que prohibió la extracción hidrobiológica de mayor escala en áreas naturales protegidas, como la Reserva Nacional Dorsal de Nasca.
También hizo hincapié en la sentencia sobre la grave contaminación de la laguna de Yarinacocha, en la que se ordenó a las autoridades a presentar un plan de recuperación con plazos definidos, debido a la presencia de contaminantes, aguas residuales y riesgos sanitarios.
Propuestas innovadoras
De otro lado, la magistrada relató que, como propuestas innovadoras, las juezas y jueces, sobre todo en zonas altoandinas, han dispuesto que personas condenadas por delitos menores realicen servicio comunitario como arborización, limpieza, recojo de residuos y recuperación de áreas verdes y agrícolas.
En esta parte de su presentación, la magistrada contó su experiencia en la plantación de queñuales en la comunidad de Alto Catacha, Puno, ubicada a 3900 metros sobre el nivel del mar.
Asimismo, enfatizó en los avances a nivel de gestión ambiental interna como la creación de la Comisión Nacional de Gestión Ambiental, el Observatorio de Sentencias de Justicia Ambiental, la Comisión de Acceso en condiciones de Igualdad.
Además, resaltó el fortalecimiento de la justicia ambiental con la implementación de juzgados especializados y la realización de congresos internacionales sobre derecho medioambiental.
Pacto de Madre de Dios
Otra acción que destacó la titular del Poder Judicial fue la aprobación, en el 2018, del Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental, el cual fue entregado al papa Francisco, en Puerto Maldonado, que por entonces visitó nuestro país.
“Este pacto reafirmó el compromiso institucional de fortalecer el acceso a la justicia social y ambiental, proteger los derechos fundamentales y resolver de manera más efectiva los conflictos medioambientales”, indicó.
En la parte final, Tello Gilardi expresó que el reto asumido por la justicia peruana es claro con la incorporación de la resiliencia climática en la labor judicial para aplicar leyes con estándares internacionales.
“Esto es un mandato ineludible para las juezas y jueces del Perú”, remarcó Tello Gilardi, quien mañana será recibida por el papa León XIV, también en El Vaticano.