Derecho
Barrios Alvarado estuvo acompañada por los responsables de los diferentes componentes del equipo técnico (monitoreo, capacitación, difusión), dando cumplimiento a una resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), emitida en atención a un pedido formulado por el presidente de la referida sala suprema, Víctor Prado Saldarriaga. Durante la visita, la magistrada explicó que el objetivo es recopilar información que permita evaluar la viabilidad de la implementación del citado código procesal, a fin de optimizar las rutas de trabajo, fortalecer la gestión judicial y contribuir a una mayor celeridad en los procesos penales. En ese marco, señaló que se realizó una inspección inicial en la relatoría de la Sala Penal Permanente, donde sostuvo reuniones con el personal jurisdiccional y administrativo, recogiéndose la problemática existente. Concluido el trabajo de inspección, la presidenta de la UETI emitirá un informe técnico sobre la viabilidad de implementar esta reforma procesal, especialmente en lo referido a la infraestructura, equipamiento tecnológico y recursos humanos. La jueza suprema agregó que, el equipo técnico continuará con visitas a otros despachos del tribunal y que, concluidas estas labores, se elaborará un informe técnico sobre la viabilidad de la puesta en marcha del CPP. Primera visita Barrios Alvarado precisó que esta es la primera vez que la UETI Penal realiza una visita técnica a una sala suprema, dado que este modelo de gestión está aplicándose, hasta la fecha, únicamente en los juzgados de primera y segunda instancia de las cortes superiores del país. Explicó que, si bien el plan de reforma procesal penal no contempló inicialmente a la Corte Suprema, la autorización del CEPJ y la solicitud formulada tanto por el magistrado Víctor Prado Saldarriaga como por su antecesor, César San Martín Castro, hicieron viable la realización de esta visita técnica. A dos décadas de iniciada la reforma procesal penal, la UETI se ha implementado de manera integral en los 35 distritos judiciales, estos son: Huaura (julio de 2006), La Libertad (abril de 2007), Tacna y Moquegua (abril de 2008), Arequipa (octubre de 2008), Tumbes, Piura, Sullana y Lambayeque (abril de 2009). En Puno, Cusco y Madre de Dios (octubre de 2009), Ica y Cañete (diciembre de 2009), Cajamarca, Amazonas y San Martín (abril de 2010), Áncash, Santa, Huánuco y Pasco ( junio de 2012), Loreto y Ucayali (octubre de 2012) A ello se incluye en las cortes de Huancavelica y Apurímac (abril de 2015), Ayacucho, Junín (julio de 2015), Ventanilla ( mayo de 2016), el Callao (julio de 2017), Selva Central (1 de enero de 2018), Lima Norte ( julio de 2018), Lima Sur y Lima (junio 2021). Sobre el CPP El cambio de modelo significó pasar de un sistema escrito, inquisitivo, lento y reservado a otro acusatorio, oral, público, contradictorio y garantista, con roles diferenciados pues es el fiscal quien investiga y acusa, en tanto que el juez o la jueza controla y decide, mientras que la defensa tiene mayor participación. Cabe señalar, además, que con el CPP se realizan audiencias orales y públicas, con procesos especiales inmediatos, de terminación anticipada, el uso de la figura de la colaboración eficaz y el principio de oportunidad, así como mayor protección de derechos, la garantía de la presunción de inocencia y de un debido proceso. Su implementación representa, también, una de las reformas judiciales más importantes del Perú porque modernizó la justicia penal, fortaleció la transparencia, impulsó la oralidad, redujo tiempos procesales y acercó el sistema penal peruano a estándares internacionales de derechos humanos y debido proceso.
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— Diario El Peruano (@DiarioElPeruano) May 13, 2026