Derecho
Nueva Ley 32592 fortalece la vigilancia fronteriza y la protección ambientalEl Congreso de la República publicó la Ley N.º 32592, que declara de interés nacional la creación del Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional y del Sistema de Protección Amazónico y Nacional.La norma busca consolidar un mecanismo integral de monitoreo y respuesta frente a amenazas que afectan la Amazonía, las fronteras y los ecosistemas del país. Para ello, ambos sistemas estarán orientados a la recolección, análisis y provisión de información en tiempo real sobre el territorio nacional, permitiendo mejorar la capacidad de reacción ante emergencias y actividades ilegales.Entre las principales funciones contempladas en la ley destaca la detección temprana de incendios forestales, el seguimiento de emisiones contaminantes y el monitoreo de los cambios en la cobertura forestal, herramientas consideradas estratégicas para la preservación ambiental y la gestión de riesgos de desastres.Asimismo, el Sistema de Vigilancia Amazónico y Nacional tendrá la misión de prevenir amenazas no convencionales que comprometan la soberanía del país y reforzar la respuesta estatal ante crisis de seguridad y emergencias ambientales. En paralelo, el Sistema de Protección Amazónico y Nacional enfocará sus acciones en combatir actividades ilícitas que impacten negativamente en la Amazonía y el medio ambiente.La norma también establece un esquema de coordinación interinstitucional que involucra al Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente, la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), además de gobiernos regionales y locales.El Ministerio de Defensa será el ente rector encargado de articular las acciones y mecanismos tecnológicos necesarios para la operatividad de ambos sistemas. Finalmente, el Poder Ejecutivo contará con un plazo de 120 días hábiles para elaborar la propuesta normativa destinada a la implementación de esta nueva estrategia nacional de vigilancia y protección ambiental.PCM ordena intervención multisectorial en la AmazoníaEl Poder Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo Nº 071-2026-PCM, mediante el cual dispone una intervención multisectorial articulada y prioritaria para impulsar la implementación de los Polos de Desarrollo Amazónico en zonas estratégicas de la Amazonía peruana. La medida busca fortalecer la presencia del Estado y reducir brechas históricas en acceso a servicios públicos, conectividad e infraestructura básica.La norma establece que las acciones se desarrollarán en los distritos de San Pablo, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto); Raimondi, en Atalaya (Ucayali); y Madre de Dios, en la provincia de Manu (Madre de Dios), además de sus ámbitos territoriales vinculados.Agrega que las entidades participantes ejecutarán acciones coordinadas para atender problemas críticos que afectan la prestación de servicios públicos. Entre las prioridades figuran intervenciones en salud, educación, conectividad, energía, agua y saneamiento, transporte y desarrollo productivo sostenible.La estrategia contará con la participación de once sectores del Ejecutivo, encabezados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Descentralización. También intervendrán los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Finanzas, Desarrollo Agrario y Riego, Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Producción, Vivienda y Ambiente.Asimismo, la Secretaría de Descentralización será responsable del seguimiento y monitoreo de las acciones, así como de la coordinación con los gobiernos regionales y locales involucrados.El dispositivo establece un plazo de intervención de 45 días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. El financiamiento se realizará con cargo al presupuesto institucional de las entidades participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.Nueva ley protege escenarios históricos de Túpac Amaru II y promoverá turismo en CuscoEl Congreso de la República promulgó la Ley N.° 32593, mediante la cual se declara de interés nacional la restauración, puesta en valor vivencial y promoción turística de los escenarios históricos vinculados a la gesta emancipadora de José Gabriel Condorcanqui Noguera, conocido como Túpac Amaru II, en el distrito de Langui, provincia de Canas, región Cusco.La norma comprende la recuperación y conservación de bienes materiales muebles e inmuebles relacionados con el líder indígena, entre ellos el templo colonial de Langui, el puente colonial y el cerro Yana Orqo. Estos espacios forman parte del circuito histórico-cultural “Cuna de la Independencia Americana”, creado por la Ley 30726, que reconoce a varias provincias cusqueñas como territorios vinculados a la memoria histórica de Túpac Amaru II.Asimismo, la ley establece que los ministerios de Cultura y de Comercio Exterior y Turismo deberán coordinar acciones con el Gobierno Regional del Cusco y las autoridades locales para ejecutar medidas orientadas a la preservación y promoción turística de estos escenarios históricos.En sus disposiciones complementarias, la norma encarga al Ministerio de Cultura la realización de estudios técnicos para evaluar la declaratoria como patrimonio cultural de la nación del puente colonial de Langui y del cerro Yana Orqo.La autógrafa fue publicada tras la insistencia del Congreso, conforme al artículo 108 de la Constitución Política del Perú, y lleva las firmas del presidente encargado del Parlamento, Fernando Miguel Rospigliosi Capurro, y del segundo vicepresidente, Waldemar José Cerrón Rojas.Gobierno crea comisión permanente para destrabar la baja productividad nacionalEl Poder Ejecutivo oficializó la creación de la “Comisión Multisectorial de naturaleza permanente para el Desarrollo Productivo”, mediante el Decreto Supremo N.º 007-2026-PRODUCE, publicado en el Diario Oficial El Peruano. La nueva instancia dependerá del Ministerio de la Producción y tendrá como objetivo principal diseñar estrategias para elevar la productividad y el valor agregado de la producción nacional.De acuerdo con la norma, la comisión elaborará informes técnicos destinados a identificar los problemas vinculados a los bajos niveles de valor agregado en los bienes y servicios producidos en el país. Asimismo, propondrá acciones orientadas a fortalecer la producción y productividad bajo un enfoque territorial y de cadenas productivas.La comisión será presidida por el ministro de la Producción e integrada por representantes de diversos sectores del Ejecutivo, entre ellos los ministerios de Economía y Finanzas, Comercio Exterior y Turismo, Desarrollo Agrario y Trabajo. También participarán representantes de entidades empresariales y técnicas como el CONCYTEC, la CONFIEP, la Sociedad Nacional de Industrias, la Cámara de Comercio de Lima, ADEX y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales.El decreto establece que los integrantes deberán designar representantes alternos en un plazo máximo de diez días calendario desde la publicación de la norma.Entre sus funciones, la comisión también realizará seguimiento anual a la implementación de las estrategias aprobadas y podrá conformar equipos técnicos especializados. Sus sesiones podrán desarrollarse de manera presencial o virtual y deberán realizarse, como mínimo, cada seis meses.Poder Ejecutivo amplía reglas de neutralidad electoralEl Gobierno aprobó el Decreto Supremo N.º 073-2026-PCM, norma que modifica el Decreto Supremo N.º 054-2025-PCM para ampliar las reglas de neutralidad aplicables a funcionarios, directivos y servidores públicos durante el periodo electoral 2026.La medida incorpora expresamente a las Elecciones Regionales y Municipales 2026 dentro del marco de restricciones ya vigente para las Elecciones Generales.De acuerdo con la norma, el objetivo es garantizar que las entidades públicas mantengan imparcialidad política y eviten el uso de recursos estatales en favor de candidaturas u organizaciones políticas en contienda. Las disposiciones alcanzan a todos los funcionarios y trabajadores del Estado, independientemente del régimen laboral o contractual, e incluyen a las empresas públicas.Entre los principales cambios, se prohíbe utilizar recursos públicos para difundir propuestas de candidatos en actividades oficiales o en espacios de acceso público. No obstante, se permite la realización de actividades orientadas a promover el voto informado, así como la organización de debates y foros en los que participen organizaciones políticas, conforme al reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).Asimismo, el decreto establece que las infracciones vinculadas a la neutralidad electoral serán sancionadas de acuerdo con la Resolución N.º 0844-2025-JNE, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.La norma también dispone su publicación en la Plataforma Digital Única del Estado y en la sede digital de la Presidencia del Consejo de Ministros el mismo día de su difusión en el Diario Oficial El Peruano.