Derecho
La norma establece que las acciones se desarrollarán en los distritos de San Pablo, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto); Raimondi, en Atalaya (Ucayali); y Madre de Dios, en la provincia de Manu (Madre de Dios), además de sus ámbitos territoriales vinculados.Agrega que las entidades participantes ejecutarán acciones coordinadas para atender problemas críticos que afectan la prestación de servicios públicos. Entre las prioridades figuran intervenciones en salud, educación, conectividad, energía, agua y saneamiento, transporte y desarrollo productivo sostenible.La estrategia contará con la participación de once sectores del Ejecutivo, encabezados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), a través de la Secretaría de Descentralización. También intervendrán los ministerios de Desarrollo e Inclusión Social, Economía y Finanzas, Desarrollo Agrario y Riego, Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Producción, Vivienda y Ambiente.Asimismo, la Secretaría de Descentralización será responsable del seguimiento y monitoreo de las acciones, así como de la coordinación con los gobiernos regionales y locales involucrados.El dispositivo establece un plazo de intervención de 45 días calendario, contados desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano. El financiamiento se realizará con cargo al presupuesto institucional de las entidades participantes, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.La norma también dispone su publicación en la Plataforma Digital Única del Estado y en las sedes digitales de las instituciones involucradas.