Opinión
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad de Piura
Conviene empezar por una precisión. Política social no es solo transferencias monetarias; también incluye la provisión de servicios de educación, salud y otros. En ese terreno hubo avances. La tasa de pobreza cayó de 58.7% en el 2004 a 20.2% en el 2019, aunque volvió a subir desde la pandemia y llegó a 27.6% en el 2024. Asimismo, la tasa de matrícula secundaria subió y varios indicadores de salud mejoraron. Pero una parte importante de esa mejora vino del crecimiento económico, no de un sistema de protección amplio y sólido.
Asimismo, el Perú redistribuye, sobre todo, por la vía de los servicios. En el 2022, el gasto en Educación y Salud representaron casi 8% del PBI, mientras que la asistencia social no llegó a 1%. Los programas focalizados cumplen una función valiosa, y en un país con recursos escasos tienen sentido. El problema es que siguen siendo pequeños frente al tamaño de la vulnerabilidad.
Ampliar transferencias no es solo una decisión de gasto; puede ser una inversión con retornos altos. François Gerard, Joana Naritomi y Joana Silva muestran para Brasil que una expansión de Bolsa familia que elevó en 17% el número de beneficiarios no solo redujo la pobreza, sino que también impulsó la demanda local, el empleo formal, la bancarización e incluso parte de la recaudación. Para el Perú, la lección no es copiar esa experiencia al pie de la letra, sino entender que transferencias mejor financiadas pueden tener efectos económicos más amplios que los que suele admitir el debate local. Y ahí aparece la verdadera limitación peruana: la estrechez de su base fiscal.
El problema peruano aparece cuando uno mira la base fiscal. En el 2022, el IGV aportó alrededor de 9.4 puntos del PBI y el impuesto a la renta personal apenas 1.8. Eso no es casualidad. Con una informalidad cercana a 70%, millones de trabajadores se mueven entre el autoempleo, los contratos temporales y trayectorias laborales inestables. Un sistema pensado para aportes regulares deja fuera a demasiada gente.
Por eso el debate no debería agotarse en si conviene un bono más o un padrón más amplio. También importa qué tan bien funcionan los servicios que ya existen. Financiar salud o educación no garantiza que lleguen con la misma calidad a Lima, a los Andes o a la Amazonía. De hecho, el propio Midis reconoce en su Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social al 2030 que persisten barreras de personal, infraestructura, logística y coordinación que frenan el acceso efectivo en buena parte del territorio. Cuando esas fallas se acumulan, la política social pierde fuerza incluso si el gasto aumenta.
La conclusión incómoda es que la política social no puede separarse de la política económica. Si el país quiere proteger mejor, necesita recaudar mejor, pero también producir mejor. Eso implica empleos más estables, mayor productividad y un mercado laboral que permita a más trabajadores entrar y permanecer en la formalidad. Sin esa base, cualquier expansión de transferencias seguirá siendo frágil.
Y el tiempo no sobra. La tasa global de fecundidad, que mide el número promedio de hijos por mujer, cayó en el Perú por debajo del nivel de reemplazo desde el 2019. Esa tasa de reemplazo es de alrededor de 2.1 hijos por mujer y marca el umbral necesario para que una generación reemplace a la anterior. Cuando un país cae por debajo de ese nivel, en las décadas siguientes habrá menos trabajadores para sostener a una población que envejece y un sistema que ya parte de una base contributiva débil. La siguiente etapa de la política social peruana no pasa solo por nuevos programas. Pasa por conectar mejor la protección social, los servicios públicos y la creación de mejores empleos.