• MIÉRCOLES 20
  • de mayo de 2026

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Lavado con criptomonedas e IA: Corte Suprema exige reforma urgente de la ley peruana

Juez supremo titular Víctor Prado Saldarriaga planteó cambios al D. Leg. 1106

“El lavado de activos virtual es la nueva tipología, el modus operandi para limpiar las ganancias de la criminalidad organizada, es la nueva ruta del dinero ilegal”, expresó el magistrado.

Prado Saldarriaga hizo esta invocación durante la actividad formativa ‘Tendencias actuales y delitos cometidos mediante inteligencia artificial’, realizado por el Poder Judicial con el auspicio del programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea.

En su ponencia ‘Cibercriminalidad, inteligencia artificial y nuevos estándares internacionales: su impacto en el Perú’, el magistrado expresó que, en nuestro país, la criminalidad organizada desarrolla el lavado de activos a partir de todo lo que se tiene desde la criminalidad organizada extractiva (minería ilegal). 

Sostuvo que todos estos problemas obligan a nuevas lecturas procesales, visualización de evidencias y lecturas judiciales de la justicia a fin de enfrentar el referido flagelo con eficacia.

“Lo cierto es que se impone una nueva criminalística, también un nuevo marco legal, alguien planteó que hay que tener un código penal digital, un código procesal digital, quizá lo tendremos en el mediano plazo, pero sí tenemos la necesidad de reformar el marco normativo”, añadió.

El magistrado señaló que algunas de las características actuales de la criminalidad son la consolidación de las economías ilegales y el lavado de las ganancias ilegales a través de criptomonedas con el empleo de IA.

Con información reciente proporcionada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Prado Saldarriaga consideró como una preocupación el fujo de capitales en los delitos de extracción que van en ascenso. 




Criminalidad organizada extractiva

Sostuvo que entre los años 2023 y 2024 se calculaba en más de US$ 12 mil millones por año el volumen producido por la criminalidad organizada extractiva, principalmente de la minería ilegal.

Añadió que, al año 2025, los datos se han duplicado y hoy se calcula que la producción del ‘producto criminal bruto’, como se le ha llamado a este dinero ilegal, se acerca a US$ 30 mil millones por año.

Asimismo, mencionó que, de acuerdo con un reporte de operaciones de la UIF, US$ 692, 9 millones vinculadas a criptomonedas no se conoce su origen ni fuente de delito precedente.  

“De hecho, la ciudad de Lima es el centro de la actividad con criptomonedas y empleo de IA, que alcanza US$ 547 millones, de los US$ 853 millones que se han procesado”, indicó.

Añadió, que la UIF solo logra que le reporten el equivalente a U$ 853 millones de cerca de US$ 30 mil millones que se calcula la suma total, lo que representa una diferencia, ni siquiera el 3 % de intervención. 

También resaltó que la región Junín, con solo dos operaciones sospechosas reportadas, tiene la tercera parte de lo que produce Lima, pues esta región es una de las zonas donde confluyen varias formas de criminalidad organizada con el uso de la IA.

Prado Saldarriaga consideró como un problema importante la presencia activa de la criminalidad organizada, porque la consolidación de su economía ilegal, constituye un riesgo grave para la democracia, de ahí la necesidad de hacer cambios normativos urgentes. 

Humanidad en la justicia

Por su parte, la magistrada y experta en IA de España, Carlota Cuatrecasas Monforte, alertó que en el ámbito jurídico el principal riesgo de la IA es que se pierda el lado humano en la justicia. 

“Si se pierde la humanidad en la justicia, lo perdemos todo como especie, por lo tanto, ese es el principal riesgo que implica la IA para la especie, el desconectarse de nuestra propia esencia”, señaló.

 No obstante, expresó que juezas, jueces y fiscales cuentan con dos vías de trabajo para continuar garantizando los derechos y libertades de las y los ciudadanos. 
En primer término, la necesidad de combatir de forma efectiva los delitos cometidos a través de la IA y dar una respuesta eficaz al ciudadano porque esa es una realidad, la última instancia encargada de combatir son los jueces.

Y luego, que corresponde a juezas y jueces fijar los límites al uso de las herramientas de investigación y enjuiciamiento a través de la IA, porque siempre debe haber límite que garanticen el uso ético y conforme a derecho de esas herramientas. 

Cabe indicar, que esta actividad académica estuvo dirigida a las juezas y jueces supremos titulares, así como los magistrados provisionales de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia.