INPE: Proyectos aprobados sobre seguridad en los penales fortalecen lucha contra el crimen
Presidente de la institución reafirmó el compromiso de lucha contra la criminalidad y el de tolerancia cero frente a la corrupción que vienen desarrollando.
“Estas iniciativas fortalecerán el trabajo que venimos haciendo desde el INPE, en la seguridad interna y externa de los penales a nivel nacional, así como la lucha anticorrupción”, puntualizó Inga Garay.
La norma incorpora nuevas sanciones para aquellos que ingresen, intenten ingresar o faciliten el ingreso de celulares, sistemas de comunicación, equipos de filmación o fotografía a centros penitenciarios. Las penas podrán alcanzar hasta 15 años de prisión cuando el delito sea cometido por autoridades, abogados, funcionarios o servidores públicos.
El INPE, en su compromiso de lucha contra la criminalidad, viene intensificando los controles de seguridad interna y externa en los establecimientos penitenciarios, además de la política tolerancia cero frente a la corrupción.
En ese sentido, señaló que, en lo que va del año, agentes penitenciarios intervinieron a más de 300 personas que intentaron ingresar a los penales objetos y sustancias prohibidas. El 70 % se trata de familiares de los internos o internas, mientras que el 12 % corresponde a abogados y 9 % a proveedores.
La presidencia del INPE, a cargo de Reúl Inga, viene también fortaleciendo las áreas de Asuntos Internos, así como del Tribunal Disciplinario para prevenir y detectar oportunamente los casos de servidores o funcionarios penitenciarios implicados en casos de corrupción, para la destitución respectiva. “No queremos malos elementos que manchen el uniforme del INPE, los casos de corrupción serán denunciados y destituidos como corresponde”, enfatizó.
Inga Garay sostuvo que estas iniciativas legislativas fortalecerán las acciones de su gestión que están orientadas a fortalecer la seguridad penitenciaria y el principio de autoridad en los centros penitenciarios del país y que responden a la política institucional que tiene el Ministerio de Justicia y el INPE.
